/ domingo 18 de octubre de 2020

La extinción de los fideicomisos, un capricho presidencial

En una nueva ocurrencia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pretende (o casi está por lograrlo, esperemos que no) eliminar de un “plumazo” 109 fideicomisos que por años han servido de apoyo a la ciencia, a la tecnología, a la cultura, al arte y a víctimas y defensores de derechos humanos.

Desde el púlpito de “la verdad” y la agenda pública, que es “la mañanera”, se ha gritado a los cuatro vientos que los fideicomisos están “salpicados” de corrupción de las administraciones pasadas. Han sido estigmatizados, satanizados y vapuleados estos fondos públicos hasta el cansancio, y he aquí donde cabría preguntar: ¿dónde están las denuncias, señor Presidente?

Al día de hoy, tras dos años de gobierno no hay una sola denuncia en contra de ningún fideicomiso. Tampoco hay una demostración fehaciente de los malos manejos. Como en la Biblia, el señor Presidente se atiene a aquel pasaje de que una palabra suya bastará para sanar más de 68 mil 400 millones de pesos repartidos en 109 fideicomisos y que lo mejor será desaparecerlos, para reasignarlos en una especie de caja chica al servicio de la oficina principal del Palacio Nacional.

El presidente los quiere desaparecer porque dice que “hay corrupción”, porque alude a quienes administran el recurso han hecho mal uso de ellos. Busca, pretende, quizá lo logrará con el apoyo de los senadores de Morena desaparecer los fideicomisos, e insisto, espero que no, que reflexione, que intente corregir aquello que está mal, antes de pasar por encima y dañando a quienes merecidamente necesitan de este apoyo.

López Obrador olvida que los fideicomisos son instrumentos financieros que permiten destinar recursos públicos y privados al cumplimiento de fines determinados. En el caso de los fideicomisos, estos se destinan -no más, no menos- al cumplimiento de objetivos relacionados con el desarrollo económico y el bienestar social.

Cada uno de estos fideicomisos tiene un comité técnico encargado de supervisar que los fondos se gasten en lo que estaba previsto. Por obligación de transparencia, los reportes de estos comités son publicados cada tres o seis meses. Esto lo sabe la gente. Por ello, las manifestaciones ciudadanas realizadas la semana pasada en la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados nos han demostrado que el llamado “pueblo bueno y sabio” no está de acuerdo con esta nueva ocurrencia presidencial y que para el presidente no están “primero los pobres”.

A través de este espacio hago un llamado a su congruencia, que mientras un paquete de 109 fideicomisos relacionados con la ciencia, tecnología, cultura, protección de derechos humanos o el cuidado del medio ambiente están en peligro de extinción, existen otros que no sólo permanecerán intactos, sino a los que se les ha aumentado estratosféricamente sus recursos y también los recién creados.

Aunque se toma la pandemia como justificación para eliminar los fideicomisos y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público afirma que los apoyos para atender estas causas no serán eliminados, sino otorgados de manera “directa” a los beneficiarios, no tenemos la certeza de que esos recursos no terminarán en otra parte o simplemente se añadirán al presupuesto de 2021, que debe ser aprobado el 15 de noviembre próximo. Esta es la diferencia entre las asignaciones presupuestales anuales y los fideicomisos. Las primeras están a merced de lo que decida la mayoría, mientras que los segundos son una obligación por ley.

En el segundo informe trimestral 2020 sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, elaborado por la propia Secretaría de Hacienda, precisa que la Oficina de la Presidencia de la República opera dos fideicomisos, uno de ellos creado en la presente administración el 6 de diciembre de 2019, estipulado como “Mandato para la realización de actos previos a la enajenación de las aeronaves al servicio de la Oficina de la Presidencia de la República”, y el fiduciario es Banobras.

Dicho fideicomiso no se encuentra en la Plataforma Nacional de Transparencia, por lo que no se le pueden dirigir solicitudes de información; es decir, no está en la lista de sujetos obligados de transparencia y rendición de cuentas, como sí lo están otros fondos y fideicomisos públicos.

El sermón presidencial, socorrido por el secretario de Hacienda, afirmó de manera incorrecta que “en todos los fideicomisos había corrupción, discrecionalidad y opacidad, lo que amerita la apropiación de sus recursos”. Pero cuando se trata de los hobbies, las nuevas instituciones favoritas del presidente, su propia familia, no importa que no sean relevantes, pero no hay que tocarlas aunque sean verdaderas cajas negras para la fiscalización, ahí si aplica la máxima juarista de “para los amigos, justicia y gracia”.

Señor presidente, todo mundo quiere que la corrupción se acabe, cualquier partido político firmaría esa afirmación, pero el camino se demuestra andando. Dicen por ahí que la palabra obliga, pero el ejemplo arrastra; le invitamos a que ponga el ejemplo.

*Senador por Veracruz del PAN






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Desde el púlpito de “la verdad” y la agenda pública, que es “la mañanera”, se ha gritado a los cuatro vientos que los fideicomisos están “salpicados” de corrupción de las administraciones pasadas. Han sido estigmatizados, satanizados y vapuleados estos fondos públicos hasta el cansancio, y he aquí donde cabría preguntar: ¿dónde están las denuncias, señor Presidente?

Al día de hoy, tras dos años de gobierno no hay una sola denuncia en contra de ningún fideicomiso. Tampoco hay una demostración fehaciente de los malos manejos. Como en la Biblia, el señor Presidente se atiene a aquel pasaje de que una palabra suya bastará para sanar más de 68 mil 400 millones de pesos repartidos en 109 fideicomisos y que lo mejor será desaparecerlos, para reasignarlos en una especie de caja chica al servicio de la oficina principal del Palacio Nacional.

El presidente los quiere desaparecer porque dice que “hay corrupción”, porque alude a quienes administran el recurso han hecho mal uso de ellos. Busca, pretende, quizá lo logrará con el apoyo de los senadores de Morena desaparecer los fideicomisos, e insisto, espero que no, que reflexione, que intente corregir aquello que está mal, antes de pasar por encima y dañando a quienes merecidamente necesitan de este apoyo.

López Obrador olvida que los fideicomisos son instrumentos financieros que permiten destinar recursos públicos y privados al cumplimiento de fines determinados. En el caso de los fideicomisos, estos se destinan -no más, no menos- al cumplimiento de objetivos relacionados con el desarrollo económico y el bienestar social.

Cada uno de estos fideicomisos tiene un comité técnico encargado de supervisar que los fondos se gasten en lo que estaba previsto. Por obligación de transparencia, los reportes de estos comités son publicados cada tres o seis meses. Esto lo sabe la gente. Por ello, las manifestaciones ciudadanas realizadas la semana pasada en la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados nos han demostrado que el llamado “pueblo bueno y sabio” no está de acuerdo con esta nueva ocurrencia presidencial y que para el presidente no están “primero los pobres”.

A través de este espacio hago un llamado a su congruencia, que mientras un paquete de 109 fideicomisos relacionados con la ciencia, tecnología, cultura, protección de derechos humanos o el cuidado del medio ambiente están en peligro de extinción, existen otros que no sólo permanecerán intactos, sino a los que se les ha aumentado estratosféricamente sus recursos y también los recién creados.

Aunque se toma la pandemia como justificación para eliminar los fideicomisos y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público afirma que los apoyos para atender estas causas no serán eliminados, sino otorgados de manera “directa” a los beneficiarios, no tenemos la certeza de que esos recursos no terminarán en otra parte o simplemente se añadirán al presupuesto de 2021, que debe ser aprobado el 15 de noviembre próximo. Esta es la diferencia entre las asignaciones presupuestales anuales y los fideicomisos. Las primeras están a merced de lo que decida la mayoría, mientras que los segundos son una obligación por ley.

En el segundo informe trimestral 2020 sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, elaborado por la propia Secretaría de Hacienda, precisa que la Oficina de la Presidencia de la República opera dos fideicomisos, uno de ellos creado en la presente administración el 6 de diciembre de 2019, estipulado como “Mandato para la realización de actos previos a la enajenación de las aeronaves al servicio de la Oficina de la Presidencia de la República”, y el fiduciario es Banobras.

Dicho fideicomiso no se encuentra en la Plataforma Nacional de Transparencia, por lo que no se le pueden dirigir solicitudes de información; es decir, no está en la lista de sujetos obligados de transparencia y rendición de cuentas, como sí lo están otros fondos y fideicomisos públicos.

El sermón presidencial, socorrido por el secretario de Hacienda, afirmó de manera incorrecta que “en todos los fideicomisos había corrupción, discrecionalidad y opacidad, lo que amerita la apropiación de sus recursos”. Pero cuando se trata de los hobbies, las nuevas instituciones favoritas del presidente, su propia familia, no importa que no sean relevantes, pero no hay que tocarlas aunque sean verdaderas cajas negras para la fiscalización, ahí si aplica la máxima juarista de “para los amigos, justicia y gracia”.

Señor presidente, todo mundo quiere que la corrupción se acabe, cualquier partido político firmaría esa afirmación, pero el camino se demuestra andando. Dicen por ahí que la palabra obliga, pero el ejemplo arrastra; le invitamos a que ponga el ejemplo.

*Senador por Veracruz del PAN






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