Es un viejo tema. Siempre se han hecho señalamientos negativos por razones diversas. Se promueven y aprueban reformas constitucionales y legales para subsanar las deficiencias, pero la realidad no llega a convencer a la ciudadanía. Así se llegó a la gran reforma constitucional en materia penal de 2008, y en 2016 entró en vigor en todo el país el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo la sociedad no termina por convencerse; es más, se siente desalentada. Peor: defraudada, tanto que en muchos casos agraviados y vecinos han optado por tomar la justicia en sus propias manos. Lo que resulta grave porque al igual que el delincuente rompen el orden jurídico. El talón de Aquiles se ubica fundamentalmente en las policías y fiscales. Y no porque les falte voluntad para hacer bien las cosas. Veamos. Por un lado, ningún país tiene capacidad para investigar 27 mil homicidios al año amén de otros muchos delitos graves y, por otro, a los policías y fiscales les hace falta casi todo para realizar una adecuada investigación científica, que permita ofrecer a los jueces el suficiente material probatorio para que éstos dicten una sentencia de condena. Ello sin contar los casos de corrupción. Así de fácil y de complejo también. Hace falta rediseñar las fiscalías y crear un servicio civil de carrera desde los policías; otorgarles los recursos necesarios y vigilar permanentemente su desempeño. Modelos hay varios y seguramente ninguno perfecto. Lo importante es que tengamos uno adecuado a nuestra legislación penal. Para condenar a un procesado, la Constitución exige a los jueces tener pruebas de su culpabilidad más allá de toda duda razonable. El reo no necesita justificar su inocencia; es la Fiscalía la que debe aportar las pruebas de cometió o participó en la comisión de x delito. Y si tales pruebas no existen, si no fueron aportadas en términos de ley o si resultan ilícitas, el reo se irá a la calle. Ojalá que los nuevos legisladores y el futuro presidente de la República entiendan la raíz del problema y decidan canalizar a la procuración de justicia los recursos suficientes. Y vaya que es bastante dinero el que se necesita; la honestidad no es suficiente.
PD. El miércoles 26 de septiembre a las 12:00 horas en el auditorio de El Colegio de Veracruz, será presentado el libro El Movimiento del 68. Un grito en el silencio, de la autoría de Joel Hurtado Ramón. Invito a mis cuatro lectores; seré uno de los presentadores.
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