Las imágenes difundidas profusamente en televisión de vehículos perforados por balas de alto calibre y calcinados tras el ataque y muerte de tres mujeres y seis niños, el lunes, en un municipio de Sonora, no sólo indigna a la sociedad de México y del vecino país estadounidense por la doble nacionalidad de las víctimas, y por cuya razón ese gobierno ofreció su ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir y extinguir a esos grupos delictivos, también provoca miedo a las familias por el nuevo patrón en los objetivos de violencia de esos grupos criminales: mujeres y menores de edad, como ya se observa en muchos casos de masacres que siguen presentándose en todos lados, Minatitlán entre ellos, en Veracruz. No importa quién o quiénes sean, arrasan parejo en sus venganzas. En el caso del estado norteño, todo hace indicar que fue un ataque directo a los familiares del activista social Julián Lebrón que desde hace tiempo enfrenta públicamente a la delincuencia organizada de aquella entidad, aunque en su comparecencia de ayer ante el Senado de la República, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, dijo que habría sido por una confusión entre grupos delictivos, y que dicho sea de paso, tal declaración estaría justificando la violencia y muerte de personas tratándose de pleitos entre bandas. Pudieron ser más los asesinados en Sonora, dado que iban 17 en tres camionetas, ocho de ellos se salvaron porque huyeron hacia el monte. La negativa del presidente López Obrador al ofrecimiento de su contraparte norteamericana, Donald Trump, puede ser justificada, México es un país independiente que debe decidir sin influencias externas de ningún tipo qué hacer para resolver sus problemas, aunque sólo haya promesas en el discurso recurrente de que habrá justicia y que no va a cambiarse la estrategia de combatir el fuego con el fuego, es decir, no se volverá a declarar la guerra al narcotráfico. A esa decisión hay un sector que lo aprueba, pero otro gran sector de la sociedad no está de acuerdo y se truena los dedos por el miedo. En el reciente caso, hay el ofrecimiento de que se hará justicia, pero ese mismo discurso se ha repetido en todos los casos de las masacres que se han presentado y ésta no llega. La demanda general es que el gobierno federal, quienes tienen a su cargo la responsabilidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos, revisen si hay resultados positivos hasta ahora o es inaplazable la necesidad de hacer cambios radicales en la estrategia diseñada para enfrentar el gravísimo problema. La vida de las personas depende de esa decisión.
JORGE MORENO, RECONOCIMIENTO A SU TRABAJO
Este lunes el diputado priista Jorge Moreno Salinas fue ratificado como secretario de la Mesa Directiva del Congreso del estado, lo que significa un reconocimiento a su desempeño y experiencia en ese cargo que ha venido desempeñando durante el primer año de la actual Legislatura. En la Presidencia, en relevo de José Manuel Pozos Castro (que según parece podría incorporarse al gabinete estatal o contar con total disposición de tiempo para preparara terreno y trabajar en su aspiración para la alcaldía de Tuxpan), fue designado el diputado Rubén Ríos Uribe, del grupo legislativo de Morena, y en la vice-presidencia asumió funciones Brianda Kristel Hernández Topete, del Grupo Legislativo Mixto Movimiento Ciudadano-PRD, dejando fuera al PAN. La nueva directiva inició funciones a partir de ayer y concluye el 4 de noviembre de 2020, correspondiente al segundo año de ejercicio de la sexagésima quinta Legislatura.
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