La semana pasada el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a través de sus redes sociales informó sobre la renuncia, a la que él llamó “sustitución”, de Irma Eréndira Sandoval como titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP); mostró un lenguaje corporal de molestia, apatía y hasta desagrado.
Independientemente que los presuntos motivos –llámese desobediencia, traición, venganza o castigo– que tuvo el mandatario para prescindir de Irma Eréndira Sandoval deja implícito que su lucha contra la corrupción, una de sus principales promesas de campaña, ha sido un completo fracaso, una gran simulación.
Y no es que la oposición se la pase haciendo campaña negra en contra de la 4T, sino que los datos del propio gobierno federal lo dicen, tan solo días atrás la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, informó que incrementaron 8.1 por ciento los delitos cometidos por servidores públicos, con mil 698 cometidos de enero a mayo de 2021, en comparación con los mil 571 respecto al mismo periodo del año anterior.
La tardía salida de Irma Eréndira Sandoval del gabinete de AMLO deja muchas preguntas sin responder, y sin duda alguna, nulos resultados en materia anticorrupción, no sabemos si las razones del presidente hayan sido por deslealtades políticas, o por el rotundo fracaso, encubrimiento o la selectiva política de cero corrupción e impunidad en su paso por la Secretaría de la Función Pública.
Aunque el presidente de la mal llamada Cuarta Transformación ha ondeado una falsa bandera de acabar con la corrupción, y a casi tres años de esta administración, no se ha hecho nada bueno, solo ocupa esta institución para su servicio, así como la UIF, el SAT y la FGR, como vil herramienta de persecución e intimidación a sus opositores.
Pero en sí, la hoy exsecretaria, en el tiempo que estuvo al mando de la Función Pública, no fungió debidamente como el brazo ejecutor del gobierno en investigar los procedimientos de las “probables” y evidentes responsabilidades administrativas de los servidores públicos de esta 4T, solo fue omisa por instrucción de su líder en los ejercicios que debía ejercer.
Este cambio se hace en medio de tantas irregularidades de una mala gestión, porque además de beneficiar a su propia familia, incidió en la exoneración de los funcionarios más cercanos al presidente, mismos que fueron señalados por “omisiones” en sus declaraciones patrimoniales, peculado o abuso de autoridad.
Tal es el caso de Manuel Bartlett, la propia Irma Eréndira Sandoval, con un patrimonio valuado en más de 60 millones de pesos; la sanción del hijo de Manuel Bartlett, por la venta de ventiladores en mal estado; Zoé Robledo, por la adjudicación directa de contratos a sus familiares, y Ana Gabriela Guevara, con las irregularidades en el fideicomiso de la Fodepar.
Andrés Manuel López Obrador dejó claro que no existe tal lucha contra la corrupción, no hubo ni hay una intención política dentro del gobierno “transformador” de tomar acciones correspondientes a sus funcionarios, pese a la existencia de diversas denuncias de licitaciones irregulares, el gasto fastuoso del erario público o el uso de los bienes del gobierno.
Todo ha sido una gran simulación. Aunque el presidente saque todas las banderas blancas que quiera, y prefiera distraer a los mexicanos con sus consultas ciudadanas que investigar la corrupción en su propio gobierno, sus palabras suenan tan utópicas como su democracia, su austeridad y transparencia.
Senador por Veracruz del PAN
