Bien dicen que el árbitro electoral debe ser imparcial y no inclinar la balanza en sus decisiones a favor o en contra de alguno de los contendientes por simpatías o antipatías.
Pero no sólo eso, quien funge como organizador y vigilante de un proceso debe tener una buena imagen y transmitir confianza para que los ciudadanos concurran a las urnas con la certeza de que su voto será respetado.
Por eso es que tanto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) como el Instituto Nacional Electoral (INE) han sido fuertemente criticados por los dimes y diretes que protagonizaron cuando el tribunal le pidió al instituto madurez respecto a las sentencias del órgano judicial.
El viernes pasado comenté que fue necesario que el TEPJF le recordara que ellos son la última instancia para la resolución de conflictos electorales.
Dije que éste es otro pleito que protagonizan instancias que deberían estar en coordinación y armonía para que el histórico proceso electoral que vive el país se desarrolle en paz y con una votación copiosa.
El magistrado de la Sala Superior José Luis Vargas Valdez habría expresado sobre un desacato del INE: “Necesitamos madurez en torno a lo que a cada quien le corresponde en el ámbito de sus competencias, y la madurez implica aceptar precisamente cómo es este proceso”.
No es buena la confrontación y ni el Tribunal ni el INE deben entrar a un ambiente de politización de sus decisiones, porque esto los debilita como instituciones responsables de las elecciones de julio próximo.
La imagen cuenta y mucho, porque si un tribunal o un órgano electoral no le inspiran confianza a los ciudadanos, el proceso electoral nace viciado y así se desarrolla, pues ya ni siquiera necesitan que los partidos políticos los critiquen o los descalifiquen.
La mala imagen del TEV: En el caso de Veracruz el tribunal electoral no se ha caracterizado por sus buenas decisiones ni por su buena imagen y menos ahora que se ha hablado de la resistencia del presidente José Oliveros Ruiz a dar a conocer la situación que prevalece al interior de ese órgano jurisdiccional.
De entrada tiene a unos días las elecciones extraordinarias en tres municipios y ya se le critica porque ha estado influido por un alto funcionario de gobierno que tiene la consigna de hacer ganar a los candidatos de la alianza PAN-PRD.
Dicen que tal vez por eso el magistrado Oliveros Ruiz mantiene su política de guardar silencio ante los medios de comunicación.
Mucho se ha hablado de que a su llegada a la presidencia del TEV, el 14 de diciembre pasado, José Oliveros Ruiz anunció que no daría entrevistas a medios de comunicación después de las sesiones públicas.
Pero no sólo, pues el presidente ha llamado la atención de sus críticos porque pasó de ganar un sueldo mensual de unos 140 mil pesos a 150 mil 41, mismo que podría dispararse a más de 260 mil considerando que recibe compensaciones quincenales de 56 mil 329 y una prima vacacional de 14 mil pesos al semestre.
Ha provocado críticas el hecho de que también los otros magistrados, Javier Hernández Hernández y Roberto Eduardo Sigala Aguilar, se hayan sumado a esa política de su presidente de evitar dar declaraciones después de las sesiones públicas a pesar de que tocan temas de interés ciudadano.
Deben recordar que una institución como la que integran tiene la obligación no sólo de actuar con imparcialidad y ser confiable, sino parecerlo, para que los ciudadanos acudan a votar, de otra forma lo que hacen es ahuyentar a los electores y encarecer el proceso.
Las críticas que han recibido de los representantes partidistas y de otros actores políticos y sociales no sólo afectan y dañan la imagen de uno de los magistrados o de los tres, sino que resulta afectada toda la institución, porque la sociedad deja de creer en ella y en sus resoluciones.
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