La Constitución que nos rige fue producto de un doble proceso de convergencia histórica. Por un lado, el texto constitucional proviene de su antecesora, la Constitución de 1857; por otra lado, la experiencia histórica de la Revolución Mexicana y el levantamiento contra la dictadura de Porfirio Díaz. La Constitución está vigente desde el 1 de mayo de 1917, cuando Venustiano Carranza era presidente de la República.
El 7 de agosto de 1901 los hermanos Flores Magón fundaron el periódico jurídico México Regeneración. Desde el mismo criticaban la corrupción del sistema judicial durante el régimen de Porfirio Díaz, lo que los llevó a la cárcel. En 1902 los hermanos Flores Magón y un grupo de liberales arrendaron el periódico “El Hijo del Ahuizote”. En 1903, en el aniversario de la Constitución de 1857, el periódico lanzó una protesta llamada “La Constitución ha muerto”.
Con el paso del tiempo las críticas contra el gobierno fueron creciendo y las condiciones del país desataron diversos conflictos, que junto con las elecciones de 1910 dieron como resultado el conflicto armado conocido como la Revolución Mexicana. Tras la renuncia de Porfirio Díaz, Francisco León de la Barra ocupó la presidencia de México interinamente hasta las nuevas elecciones. Entrega la presidencia a Francisco I. Madero, ganador de las elecciones de 1911. Posteriormente, en 1913, el presidente Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez fueron asesinados tras el conflicto denominado “la decena trágica”, usurpando la presiencia Victoriano Huerta.
Venustiano Carranza era entonces gobernador de Coahuila, formó el Ejército Constitucionalista y desconoció a Huerta, quien lo derrocó en 1914. El 14 de septiembre de 1916, el decreto para convocar al congreso constituyente que se encargaría de reformar la Constitución de 1857, era urgente elevar a rango constitucional las demandas de la Revolución, dejando claro que no cambiarían la organización y funcionamiento de los poderes públicos del país. El 1 de diciembre del mismo año, el congreso constituyente abrió sesiones en Querétaro; en la convocatoria excluyeron a los villistas y zapatistas, sin embargo, fueron ellos los que impulsaron dichas demandas y los constituyentes adoptaron el constitucionalismo social.
Queda reformada la Constitución de 1857 y el 5 de febrero de 1917 se promulgó la nueva Constitución, bajo el nombre de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y entra en vigor el 1 de mayo del mismo año; ese mismo día se publica en el Diario Oficial de la Federación. En su forma de gobierno, en cuando a la parte orgánica, siguió siendo republicana, representativa, democrática y federal. Se refrendó la división de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Dio más autonomía al Poder judicial y más soberanía a las entidades federativas, creó el municipio libre, así como el ordenamiento en materia agraria a la propiedad de la tierra. Las garantías de la Constitución vigente determinan la libertad de culto, educación laica y gratuita, jornadas laborales de ocho horas, libertad de expresión y libertad de asociación de trabajadores, entre otras.
La estructura de la misma tiene 136 artículos divididos en nueve títulos y se subdividen en capítulos y los transitorios. La Constitución está formada en dos parte. Uno, la parte dogmática; quedan consignadas garantías individuales y se reconocen los derechos y libertades sociales. Dos, la parte orgánica; corresponde a la división de los Poderes de la Unión, funcionamiento fundamental de las instituciones del Estado y señala la responsabilidad de los funcionarios públicos. La Constitución se ha reformado cerca de 800 veces desde su promulgación en 1917. El artículo 135 permite reformar o adicionar el contenido de la misma.
De los países latinoamericanos, México es el único que no ha tenido una nueva Constutición desde 1917, sólo se ha reformado y adicionado para ajustarse a los tiempos y condiciones políticas del país.
La Constitución debe evolucionar al mismo tiempo que su sociedad, para ser capaz de representar sus expectativas y para legitimarse como la norma suprema del país.
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