El combate a la corrupción y la impunidad, representaron la bandera de campaña de AMLO, y ahora desde la silla principal de Palacio Nacional, la orden a todos sus colaboradores es sumar esfuerzos para secundar la tarea que se ha impuesto, recomendando a su gabinete que tomen una escoba y comiencen a “barrer”, como se barren las escaleras, de “arriba hacia abajo”, sin importar la clase de basura que caiga.
Del combate a la impunidad, López Obrador tiene encargado al fiscal general Alejandro Gertz Manero, quien hasta hoy cuenta en su haber con el encarcelamiento de la extitular de Sedesol, Rosario Robles Berlanga, principal responsable de la llamada “estafa maestra”, a quien junto con sus colaboradores más cercanos se le atribuye un fraude al presupuesto público y un enriquecimiento indebido o ilegal, por más de cinco mil millones de pesos.
Hay otros exfuncionarios muy cercanos a Peña que están próximos a ser detenidos y encarcelados, incluido el propio expresidente, por el cúmulo de irregularidades y fraudes cometidos durante el sexenio pasado, que el pueblo exige no queden impunes. El titular de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, trae en jaque a Emilio Lozoya, defraudador de Pemex y protegido durante el mandato del mexiquense.
Hay quienes exigen más en el combate a la criminalidad, pero lo cierto es que desde que México dejó de ser la ruta de Colombia para el trasiego de drogas a los Estados Unidos, los cárteles se encargaron de convertir en consumidores a miles de jóvenes desempleados, sin oportunidades, que optaron por otros ilícitos, como los secuestros, levantones, asaltos a mano armada y crímenes sanguinarios como el del bar Caballo Blanco, en Coatzacoalcos, que sólo psicópatas y enajenados por el consumo de drogas son capaces de cometer.
El gobierno de la 4ª. Transformación ha removido y cesado de sus puestos a por lo menos doce funcionarios de primer nivel y se esperan cambios importantes en el gabinete del presidente, para después de las fiestas patrias o para cuando llegue diciembre y sus posadas. Esto incluye a gobernadores, fiscales estatales y miembros de los cuerpos policiacos y de seguridad, que no dieron la talla en su desempeño laboral.
De Winckler y sus defensores, abogados, diputados y comunicadores, se hablará como una parte de la historia negra de la política veracruzana. Y con el tiempo el doctor Winckler podría reaparecer al frente de un buen restaurante.
