En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la organización Human Rights Watch (HRW), dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos, condenó la novena muerte de un periodista en México, la de Luis Enrique Ramírez, en Sinaloa, lo que, de acuerdo con las estadísticas internacionales que registra esa ONG, sitúa a nuestro país en el segundo más letal del mundo para los comunicadores, sólo por debajo de Ucrania, que libra una guerra con Rusia. Mientras en ese país en conflicto armado van 12 periodistas asesinados, en el nuestro suman nueve.
En anteriores gobiernos, de 2007 a 2009 hubo 41 víctimas con Felipe Calderón en la presidencia; de 2013 a 2015, 44 con Enrique Peña Nieto como titular del Ejecutivo federal, y de 2019 a 2021, van 47 asesinatos en lo que va del actual gobierno. ¿Quién es responsable de esa alta criminalidad contra reporteros? Sin duda el estado mexicano; ha fallado en crear un mecanismo de protección eficaz, y encima de eso, no cesa el hostigamiento a críticos del gobierno, periodistas entre ellos, lo que exacerba el clima de estigmatización y odio hacia los comunicadores. En enero pasado, la reportera Lourdes Maldonado cayó bajo balas de sicarios, sin que haya servido estar incorporada al programa de protección que brinda la Secretaría de Gobernación a quienes tienen alto riesgo de un atentado a su vida. Es un brebaje letal de ataques, ineficacia, y ese círculo vicioso de impunidad. Según la organización Artículo 19, existe 99.1% de crímenes no resueltos, algunos de los cuales se demoran intencionadamente en las fiscalías por años. Un reportaje elaborado por el periódico español El País, afirma que con un promedio de 100 crímenes diarios en México, el año pasado fueron 33 mil 308 homicidios dolosos, que ya se ve hasta normal la violencia, que mueran reporteros no genera mucha inquietud para las autoridades. El crimen de Ramírez se sumó a los 47 periodistas asesinados desde 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de la República, con cuyo número --a mitad del sexenio-- rebasó los registrados en todo el periodo de sus antecesores Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Es una situación inquietante.
Veracruz es considerado el estado más peligroso del país para los periodistas, con 28 asesinatos, de lo cuales 17 muertes de comunicadores se cometieron durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, cinco más con Miguel Ángel Yunes Linares en la gubernatura y otros seis en lo que va del actual gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, cifras documentadas por la organización Artículo 19. Esa realidad, sin embargo, no cambia la dinámica oficial. Todo se mantiene sin cambios, y eso explica que siga creciendo la lista de periodistas victimados. No hay, por ejemplo, un grupo preventivo especial para resguardar la vida de los comunicadores que se encuentren en riesgo de agresiones, o de investigación que, cuando sucede un hecho de este tipo, se avoque al esclarecimiento inmediato del hecho. Siguen, por ejemplo, pendientes las aprehensiones de los autores materiales e intelectuales de asesinatos de periodistas veracruzanos, para quienes la justicia marcha sobre ruedas muy pequeñas y oxidadas para poder llegar a su destino. Lo que siempre se encuentra listo para enfrentar una situación de este tipo, es el discurso gastado de “no quedará impune”, “se hará pagar a los responsables del crimen”, “se hará justicia”. Lo de siempre.
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