La iniciativa de reformas en materia electoral enviada a la Cámara de Diputados por el presidente de la República representa una transformación de gran calado al sistema político porque permitirá la ampliación del cauce democrático, al dotar al país de órganos electorales capaces de garantizar a la ciudadanía comicios apegados a los principios de legalidad, imparcialidad y certidumbre.
Esta propuesta deroga y adiciona diversos artículos de la Constitución: crea el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), totalmente autónomo y que, como va a surgir y a depender solamente del pueblo, va a funcionar como autoridad electoral fuerte y confiable, capaz de organizar de manera eficaz comicios a nivel federal y local. También se hará cargo de los ejercicios de democracia directa como consultas populares y de revocación de mandato.
No habrá excesos ni derroches como ocurre actualmente con el Instituto Nacional Electoral, cuyos consejeros ganan más que el presidente de la República y que, algunos de ellos, trabajan a favor de grupos de poder y de partidos políticos. Debemos cerrar el paso a los árbitros facciosos.
Se plantea la reducción de 11 a 7 el número de consejeros que conformarán el INEC y serán electos por el voto ciudadano a propuesta de los tres Poderes de la Unión, en la siguiente proporción: 10 candidatos de la Cámara de Diputados, 10 por el Senado de la República, 20 por el Poder Ejecutivo y 20 por el Poder Judicial.
Desaparecen los Organismos Públicos Locales (OPLES) encargados de los procesos electorales en las entidades federativas, con lo que se ahorrarán recursos y habrá menos burocracia. Dicho sea de paso, es una de las propuestas en las que he insistido desde hace tres años.
La iniciativa del presidente López Obrador contiene también la eliminación de los legisladores de representación proporcional o plurinominales, en ambas cámaras de Congreso, es decir, quedarían 300 diputados en lugar de 500 y 96 senadores de la República en lugar de 128. Lo mismo ocurriría en el ámbito estatal, donde se plantea reducir el tamaño de los congresos locales, y en los municipios se plantea disminuir el número de regidores.
Asimismo, se prevé la reducción del presupuesto de los partidos políticos, que en caso de ser aprobada la reforma, recibirán recursos del erario o prerrogativas exclusivamente para elecciones.
Uno de los propósitos fundamentales de esta iniciativa presidencial es que el sistema electoral no sea tan costoso para las y los mexicanos. Se calcula un ahorro de más de 24 mil millones de pesos, al reducirse los gastos en la operación de las instituciones electorales, con lo que las elecciones de México dejarían de ser tan caras en comparación con otros países.
Otros aspectos importantes que contiene la propuesta presidencial tienen que ver con facilitar el voto de mexicanos en el extranjero e impulsar la implementación del voto electrónico en el territorio nacional.
Por ser este un tema de especial relevancia para el desarrollo democrático del país, considero indispensable dar a conocer a la ciudadanía los alcances y objetivos que persigue esta iniciativa de reformas.
He propuesto, incluso, la realización del Parlamento Abierto en el que participen juristas, politólogos, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, académicos y servidores públicos, con la finalidad de enriquecer la propuesta.
Mientras más se conozca el propósito de la iniciativa, mayor será el intercambio de ideas y se facilitará la construcción de acuerdos entre los diferentes actores políticos cuando llegue el momento de la discusión, análisis y, en su caso, aprobación en el Pleno.
Estoy convencido que en la vida parlamentaria debe prevalecer el interés superior de México, al igual que el diálogo, el respeto y la civilidad, para lograr consensos, sobre todo en un Congreso tan plural y diverso como el nuestro.
(*) Presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
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