/ domingo 18 de abril de 2021

La reforma inconstitucional de la Suprema Corte

Estudiosos del derecho constitucional mexicano han señalado en diversos medios de comunicación una crítica a la forma y el fondo que modifica el cuarto párrafo del artículo 97 de la Carta Magna, en donde se establece el término de 4 años para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal.

No se puede, según los críticos de la mencionada reforma, pisotear la supremacía constitucional, anulando una limitante de temporalidad para presidir el máximo órgano de impartición de justicia, a través de un artículo “transitorio” que reforma a la ley Orgánica del Poder Judicial, pretendiendo pasar por encima de la letra de la Ley Fundamental.

La prórroga que se pretende por dos años más en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, para empatarla con el término del periodo sexenal del titular del Ejecutivo federal, sólo resuelve un capricho que viola la división y el equilibrio entre los tres poderes del Estado mexicano, sin cuyo respeto entramos de lleno a una dictadura que concentraría todo el poder público.

Un gobierno republicano se renueva periódicamente mediante elecciones democráticas; en cambio, la perpetuidad de quienes detentan el poder del Estado garantiza a los afectados por un mal gobierno la posibilidad de un cambio sin derramamiento de sangre. Lo contrario, es decir la perpetuidad en el cargo, conduce a la desesperación ciudadana, de ahí se encuentra muy cerca la lucha armada (que a nadie conviene), para reclamar la salida de gobiernos autoritarios y represores.

De los cuatro expresidentes de la Suprema Corte de Justicia, comenzando por Mariano Azuela Gütrón, Genaro Góngora Pimentel, Guillermo Ortíz Mayagoitia y Luis María Aguilar, por solo citar a quienes durante este siglo han ocupado el cargo que hoy detenta Arturo Zaldívar, jamás se supo que fueran partidarios de la reelección o de la ampliación del periodo de 4 años establecido por la Ley de Leyes.

Por lo tanto, el silencio guardado durante el pasado fin de semana por el actual presidente de la Corte hace presumir que este día fijará su posición al respecto, aceptando el regalo de dos años que le ha entregado el gobierno de la 4T, o rechazándolo, si se impone su formación constitucional y vocación democrática.

De todas formas, el actual ministro presidente de la SCJN tiene asegurado, para bien o para mal, un lugar en la historia del Poder Judicial federal.

Estudiosos del derecho constitucional mexicano han señalado en diversos medios de comunicación una crítica a la forma y el fondo que modifica el cuarto párrafo del artículo 97 de la Carta Magna, en donde se establece el término de 4 años para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal.

No se puede, según los críticos de la mencionada reforma, pisotear la supremacía constitucional, anulando una limitante de temporalidad para presidir el máximo órgano de impartición de justicia, a través de un artículo “transitorio” que reforma a la ley Orgánica del Poder Judicial, pretendiendo pasar por encima de la letra de la Ley Fundamental.

La prórroga que se pretende por dos años más en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, para empatarla con el término del periodo sexenal del titular del Ejecutivo federal, sólo resuelve un capricho que viola la división y el equilibrio entre los tres poderes del Estado mexicano, sin cuyo respeto entramos de lleno a una dictadura que concentraría todo el poder público.

Un gobierno republicano se renueva periódicamente mediante elecciones democráticas; en cambio, la perpetuidad de quienes detentan el poder del Estado garantiza a los afectados por un mal gobierno la posibilidad de un cambio sin derramamiento de sangre. Lo contrario, es decir la perpetuidad en el cargo, conduce a la desesperación ciudadana, de ahí se encuentra muy cerca la lucha armada (que a nadie conviene), para reclamar la salida de gobiernos autoritarios y represores.

De los cuatro expresidentes de la Suprema Corte de Justicia, comenzando por Mariano Azuela Gütrón, Genaro Góngora Pimentel, Guillermo Ortíz Mayagoitia y Luis María Aguilar, por solo citar a quienes durante este siglo han ocupado el cargo que hoy detenta Arturo Zaldívar, jamás se supo que fueran partidarios de la reelección o de la ampliación del periodo de 4 años establecido por la Ley de Leyes.

Por lo tanto, el silencio guardado durante el pasado fin de semana por el actual presidente de la Corte hace presumir que este día fijará su posición al respecto, aceptando el regalo de dos años que le ha entregado el gobierno de la 4T, o rechazándolo, si se impone su formación constitucional y vocación democrática.

De todas formas, el actual ministro presidente de la SCJN tiene asegurado, para bien o para mal, un lugar en la historia del Poder Judicial federal.