El político y antes empresario norteamericano Mike Pompeo, poco antes de la invasión mundial del Covid- 19, en visita relámpago a la CDMX y a propósito del reporte que dijo poseer sobre violaciones a los derechos humanos de migrantes centroamericanos, acusó a los tres órdenes de gobierno de México de tolerar a la delincuencia organizada y a elementos encargados de la seguridad pública para extorsionar, torturar y desaparecer a migrantes de diversas nacionalidades.
A pesar de la gravedad de las imputaciones sin comprobar del secretario de Estado de Norteamérica, no fueron desmentidas por el canciller mexicano Marcelo Ebrard ni por la Secretaría de Gobernación, mucho menos por la Fiscalía General de la República, puesto que parafraseando al presidente López Obrador, los altos funcionarios mexicanos seguramente “cuentan con otros datos”.
Del reporte aludido, se filtró a medios de comunicación que entre 2006 y 2018 fueron iniciadas cerca de cien investigaciones ministeriales, en las que se denunciaron vejaciones, amenazas, tortura y desaparición de personas, habiéndose alcanzado únicamente la consignación y condena de una veintena de expolicías y exservidores públicos relacionados con la seguridad ciudadana.
Instancias de la sociedad civil como la organización “Artículo 19”, defensora de la libertad de expresión y el derecho a la información, hicieron diversas recomendaciones para que sin coartar la libertad de escribir, publicar y difundir los datos sobre la impunidad que atribuyó Mike Pompeo a las autoridades mexicanas, se abundara en mayor información que debería incluir agresiones a periodistas, de las que se registraron mil denuncias y únicamente diez concluyeron con sentencia. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, precisamente en el artículo 19, garantiza la libertad de opinión y la protección para no ser molestado el difusor de investigaciones o informaciones, sin limitación de fronteras.
Pompeo expresó de manera contundente en aquella visita de hace un mes a México lo siguiente: “Rezamos por el día en el que los cubanos, venezolanos, chinos, iraníes y el resto del mundo puedan hablar libremente sin temor a sus propios gobiernos”. Seguramente y superada la pandemia, el debate sobre la libertad de expresión y el poder difamatorio de políticos y empresarios de medios continuará.
