Cuando nos referimos a este tema pensamos que se trata de actos que persigue la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP. Este no es el caso. Estaré refiriéndome al entarimado del ejercicio del gasto, desde la recaudación hasta su aplicación.
Para gastar y pagar se requiere contar con el recurso. En el proceso de la administración pública su contenido se encuentra en los presupuestos, uno llamado Ley de Ingresos, que representa la obligación de contribuir de los ciudadanos con los gastos del Estado al formar parte de él.
El Estado tiene la obligación de cumplir con sus razones de ser, que de acuerdo con los clásicos deben proporcionar satisfactores a su pueblo: educación, salud, seguridad, infraestructura y servicios que proporcionen el bienestar o el bien común para unos o la justicia social para otros. Éstos se perfilan en el Presupuesto de Egresos. Para ello se necesita un proceso de planeación del Poder Ejecutivo, aunado a objetivos ligados a un plan de desarrollo, proceso de varios meses que culmina en el mes de diciembre con la aprobación de ambos documentos por el Poder Legislativo.
Al inicio del año empieza el ciclo, el dinero se recauda y se entrega para su ejercicio, son muchos los rubros, los representativos es el gasto corriente, adquisición de activos, inversión en infraestructura y la asignación de recursos a estados y municipios, congruentes a la normatividad vigente.
Para que el gasto se ejecute pasa por muchas instancias y funcionarios responsables de control y autorización, así como muchas normas, leyes, reglamentos, y un bagaje de reportes y controles.
El tema es importante porque este espectro representa para la ciudadanía beneficios, cumplida la vigencia los presupuestos no se ejercen y la ley prevé que se pierden y deben retornar a la tesorería general.
Ese es el punto, no gastar automáticamente pasa a ser un subejercicio; citaré un fundamento legal:
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios:
Art. 17.- Las entidades federativas, a más tardar el 15 de enero de cada año, deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación, las transferencias federales etiquetadas que al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior no hayan sido devengadas.
Las de mayor cuantía para los estados y municipios son las aportaciones, por ser regulares; las otras son menores u ocasionales.
El subejercicio es el rey atribuible a la normatividad que hay que cumplir, como licitaciones, anticipos y construcción.
En Veracruz, al cierre de la cuenta pública, el subejercicio es de $3,983´910,788, cantidad que contiene el presupuesto general del estado, cerrado en 128 mil 361 millones de pesos.
Las partidas más representativas están en Salud, con mil 131 millones; infraestructura (SIOP), mil 463 millones de pesos, y 514 y 364 millones de pesos, respectivamente, para Espacios Educativos y Medio Ambiente.
El Poder Ejecutivo, en su clasificación administrativa, tiene un subejercicio de mil 891 millones de pesos.
El subejercicio es el principal enemigo de la ciudadanía. Se deben implementar programas de transparencia y otras acciones que queden en beneficio de los veracruzanos para que no se devuelva.
Ya el senador Ricardo Ahued se ha proncunciado sobre este tema. Seguramente lo llevará a tribuna si las condiciones lo permiten, porque las políticas son cambiantes en esta 4T, principalmente si se trata de numerario.
