No fue lapsus linguae de Cuitláhuac García Jiménez decir que su gobierno no es responsable de las muertes que provoca la violencia que consume al estado, más bien se sinceró. “Caso por caso (de homicidio doloso), y en cada caso no está la complicidad de este gobierno de la 4T, como sí está en otros”, expresó en la conferencia de prensa que ofrece semanalmente a los medios de comunicación.
“No es nuestra responsabilidad que suceda”, respondió cuando fue interrogado acerca de los constantes asesinatos de periodistas, tres en total en lo que va del año. En realidad, eso es lo que piensa el Ejecutivo estatal, y esa afirmación puede explicar por qué un asunto tan grave no puede resolverse. Una cosa es que regularmente asista a presidir, o se informe del comportamiento y diagnóstico delictivo que se presenta en la entidad en las Mesas de Seguridad para la Construcción de la Paz, y otra, muy distinta, que en realidad le interese buscar soluciones, y así, esas reuniones resultan intrascendentes, si no hay resultados tangibles. La prevención del delito, a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, es una responsabilidad irrenunciable, sin cumplir, a la luz de los hechos; las palabras del Ejecutivo reflejan desconocimiento de sus obligaciones como Gobernador, la de hacer valer la ley con las instituciones del estado para garantizar la seguridad en la vida y bienes de los ciudadanos. Eso falta, y si se presenta un delito, investigar, perseguir, aprehender a los presuntos responsables y fincar responsabilidades; otra instancia deberá juzgar y determinar la sentencia. Hoy, en la realidad, para los delincuentes no existe ley ni Dios. El asesinato de las dos periodistas en Cosoleacaque, Yessenia Mollinedo Falconi, directora del portal El Veraz, y Sheila Johana García Olivera, camarógrafa de ese mismo medio, vuelve a demostrar el desinterés de actuar eficazmente en contra de gran la ola de criminalidad en Veracruz. En el caso de las periodistas, ayer mismo Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública del gobierno de la República, informó que se encuentran plenamente identificados los presuntos autores materiales del doble crimen, y la principal línea de investigación apuntaría al crimen organizado, cuestión que el mismo día del asesinato anticipó un reportero del sur del estado, quien habría recibido información de fuentes oficiales, extraída ilícitamente de investigación que abieron las autoridades ministeriales, lo que mueve a la sospecha de la intención de criminalizar a las víctimas. Aquí mismo se comentó en fechas pasadas sobre el caso de José Luis Gamboa Arenas, el primer periodista asesinado en el puerto jarocho, sobre el cual que las investigaciones apuntaron hacia una disputa familiar por una herencia entre el periodista y un sobrino de él, quien fue detenido, pero cuya madre denunció que sólo se trata de crear la figura de un “chivo expiatorio”. En ambos casos, podría tratarse de desviar la atención hacia otras motivaciones que no constituyan un ataque a la libertad de expresión, como lo es; son cuestiones que generan sospecha. Después de lo afirmado por García Jiménez, poco habría que agregar. Su expresión también confirma que en su gobierno, la seguridad está en segundo o tercer plano en sus prioridades, sólo en el discurso. Lamentable situación con 11 asesinatos de periodistas en el país, incluidos los tres de Veracruz, con el estado inmerso en una escalada de violencia sin fin, desbocada, con autoridades sin rumbo, ajenas a la ley, rebasadas o atadas de manos, sin saber qué hacer.
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