/ miércoles 26 de febrero de 2020

La sumisión, y uno sigue escribiendo 

Como lo he comentado en otras ocasiones, la consistencia mostrada por algunos gobernadores al encabezar el ranking de los mandatarios estatales es loable, debido a que el ejercicio de gobernar implica desgastes naturales, al no poder cumplir con las demandas de la ciudadanía y también, porque los problemas derivados de la inseguridad y el crecimiento económico que se dan en el país, contamina necesariamente a todas las entidades.

De acuerdo con la más reciente encuesta publicada por Massive Caller, cuyos resultados ya son públicos, coincide con otras casas encuestadoras en ubicar a Quirino Ordaz Coppel, gobernador de Sinaloa, como el mejor calificado en cuanto a tener la mejor aprobación por sus gobernados, amén también de gozar de su confianza.

En el top se mantienen los gobernadores de Yucatán, el panista Mauricio Vila; de Sonora (PRI), Claudia Pavlovich; Miguel Ángel Riquelme (PRI), de Coahuila; Diego Sinhue (PAN), Guanajuato; Juan Manuel Carreras (PRI), San Luis Potosí, y el panista Francisco Domínguez de Querétaro, después de ellos, entran y salen otros mandatarios de ese cuadro de lujo, conforme a los aciertos y desaciertos que hayan tenido en el período evaluado.

Esta evaluación vista en el contexto de las elecciones intermedias del 2021 nos indica que difícilmente ocurra la alternancia en esas entidades, ya que los votantes están satisfechos con la actuación de su gobernante.

En el mapa electoral de la República está perfectamente definido sobre por cuáles estados va Morena y por ello, para en su momento ser ellos quienes abanderen la causa de ese partido.

Así que, estimado lector, habría que considerar que cualquier decisión tomada en Palacio Nacional y en el búnker de Morena, que por ahora se encuentra dividido, tiene como objetivo principal hacerse del poder en la mayor parte de las gubernaturas que estarán en juego en la elección intermedia de 2021.

La aspiración de AMLO es cambiar totalmente el espectro político del país a raíz de los resultados de las elecciones intermedias.

Claro falta lo que digan los electores y ver qué impacto tiene este escenario, los candidatos y los nuevos partidos políticos.

Hace algún tiempo escribí en este mismo espacio que la ciudadanía no confía en su sistema de justicia y tiene buenas razones para ello.

Desde inicios del siglo XXI, en México se ha desatado una ola de violencia e inseguridad que ha permeado en toda la geografía nacional.

Creo, es cierto que deben reformularse leyes, tipos penales y catálogos de delitos; pero, por otra, es necesario revisar la instrumentación y la operación del sistema en su conjunto. Por ejemplo: ¿cómo hacer que la actuación de las policías contribuya a la integración de las pruebas? ¿Cómo hacer investigaciones científicas? ¿Cómo pueden las fiscalías armar mejores casos? ¿Cuál es la mejor manera de supervisar el desempeño de los jueces?

Otro punto fundamental de esta reforma es la narrativa que la rodea. Es necesario evitar caer en el falso dilema entre “mayor eficacia institucional o mayores derechos”.

En mi opinión, la nueva discusión debe versar sobre cómo abatir la impunidad y reducir la inseguridad, al tiempo de que se garantizan derechos y un efectivo acceso a la justicia, y no sobre cuáles derechos debemos restringir o cancelar para “dotar de eficacia” a la instancia de procuración de justicia. Habrá que atender tres puntos clave: 1) Asegurar los derechos humanos y el principio de no regresión. 2) Garantizar los recursos necesarios para instrumentar tales cambios. 3) Tener muy claras las tareas de cada quien, las metas a alcanzar y la manera de evaluarlas.

La justicia es valor que supera las diferencias de pensamiento. Ahora definamos los cómo.

Como lo he comentado en otras ocasiones, la consistencia mostrada por algunos gobernadores al encabezar el ranking de los mandatarios estatales es loable, debido a que el ejercicio de gobernar implica desgastes naturales, al no poder cumplir con las demandas de la ciudadanía y también, porque los problemas derivados de la inseguridad y el crecimiento económico que se dan en el país, contamina necesariamente a todas las entidades.

De acuerdo con la más reciente encuesta publicada por Massive Caller, cuyos resultados ya son públicos, coincide con otras casas encuestadoras en ubicar a Quirino Ordaz Coppel, gobernador de Sinaloa, como el mejor calificado en cuanto a tener la mejor aprobación por sus gobernados, amén también de gozar de su confianza.

En el top se mantienen los gobernadores de Yucatán, el panista Mauricio Vila; de Sonora (PRI), Claudia Pavlovich; Miguel Ángel Riquelme (PRI), de Coahuila; Diego Sinhue (PAN), Guanajuato; Juan Manuel Carreras (PRI), San Luis Potosí, y el panista Francisco Domínguez de Querétaro, después de ellos, entran y salen otros mandatarios de ese cuadro de lujo, conforme a los aciertos y desaciertos que hayan tenido en el período evaluado.

Esta evaluación vista en el contexto de las elecciones intermedias del 2021 nos indica que difícilmente ocurra la alternancia en esas entidades, ya que los votantes están satisfechos con la actuación de su gobernante.

En el mapa electoral de la República está perfectamente definido sobre por cuáles estados va Morena y por ello, para en su momento ser ellos quienes abanderen la causa de ese partido.

Así que, estimado lector, habría que considerar que cualquier decisión tomada en Palacio Nacional y en el búnker de Morena, que por ahora se encuentra dividido, tiene como objetivo principal hacerse del poder en la mayor parte de las gubernaturas que estarán en juego en la elección intermedia de 2021.

La aspiración de AMLO es cambiar totalmente el espectro político del país a raíz de los resultados de las elecciones intermedias.

Claro falta lo que digan los electores y ver qué impacto tiene este escenario, los candidatos y los nuevos partidos políticos.

Hace algún tiempo escribí en este mismo espacio que la ciudadanía no confía en su sistema de justicia y tiene buenas razones para ello.

Desde inicios del siglo XXI, en México se ha desatado una ola de violencia e inseguridad que ha permeado en toda la geografía nacional.

Creo, es cierto que deben reformularse leyes, tipos penales y catálogos de delitos; pero, por otra, es necesario revisar la instrumentación y la operación del sistema en su conjunto. Por ejemplo: ¿cómo hacer que la actuación de las policías contribuya a la integración de las pruebas? ¿Cómo hacer investigaciones científicas? ¿Cómo pueden las fiscalías armar mejores casos? ¿Cuál es la mejor manera de supervisar el desempeño de los jueces?

Otro punto fundamental de esta reforma es la narrativa que la rodea. Es necesario evitar caer en el falso dilema entre “mayor eficacia institucional o mayores derechos”.

En mi opinión, la nueva discusión debe versar sobre cómo abatir la impunidad y reducir la inseguridad, al tiempo de que se garantizan derechos y un efectivo acceso a la justicia, y no sobre cuáles derechos debemos restringir o cancelar para “dotar de eficacia” a la instancia de procuración de justicia. Habrá que atender tres puntos clave: 1) Asegurar los derechos humanos y el principio de no regresión. 2) Garantizar los recursos necesarios para instrumentar tales cambios. 3) Tener muy claras las tareas de cada quien, las metas a alcanzar y la manera de evaluarlas.

La justicia es valor que supera las diferencias de pensamiento. Ahora definamos los cómo.