¿Hay alguna razón por la que sólo la mitad de la población del país hemos recibido el esquema completo de vacunación –una o dos dosis según la vacuna de la que se trate- mientras que en la Ciudad de México, el 94 por ciento de la población ya lo hizo? ¿Cuál es el motivo por la que los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca son los más retrasados? La respuesta parece ser la misma: primero los votos, luego los pobres.
“Meta cumplida”, dijo el presidente López Obrador el viernes pasado desde Campeche al anunciar el cumplimiento de los objetivos de vacunación contra el Covid-19 en México. En realidad se trató de un proceso marcado por la negativa de inocular a todo el personal médico del país, de aplicar una segunda dosis a maestros, de combatir los amparos promovidos por padres de niños con morbilidades y de mantener almacenadas, inexplicablemente, millones de dosis.
Según el más reciente corte de la Secretaría de Salud, en el país se han aplicado 118 millones 849 mil 796 dosis de vacunas contra la Covid-19, a pesar de que ya se han recibido más de 147 millones de los diferentes laboratorios. De hecho, sólo 55.9 millones de personas han recibido su esquema completo de vacunación, lo que representa poco menos de la mitad de los 129 millones de habitantes que hoy somos.
Hasta ahora, las jornadas de vacunación se han realizado con criterios estrictamente políticos y no como consecuencia de consideraciones sanitarias o científicas de acuerdo al perfil de la población en México.
El mismo viernes, la Jefa de Gobierno y candidata del Presidente a sucederlo, Claudia Sheinbaum, viajó ex profeso a Campeche para anunciar que la Ciudad de México se ubica como ‘líder mundial’ en cobertura de vacunación al haber alcanzado el 100 por ciento en primeras dosis y del 94 por ciento en esquemas completos para personas mayores de 18 años, confirmando que en la contabilidad oficial, niñas, niños y adolescentes no existen.
Frente a ello, los cuatro estados con mayor nivel de pobreza y marginación, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz, reportaron los índices más bajos en la cobertura de vacunación contra el Covid-19.
La propia Secretaría de Salud federal, con datos preliminares al corte del 28 de octubre, confirmó que Chiapas alcanzó apenas una cobertura de 60% en la población mayor de 18 años, Oaxaca tuvo un avance de 69% y Guerrero llegó a 70 por ciento. En Veracruz, 3 de cada diez adultos no han recibido el esquema completo de vacunación y sólo un puñado de niños se han beneficiado de la vacuna como consecuencia de la resolución de un juez y no de la intervención de las autoridades, como sucede en el resto del país.
Y aunque el gobierno morenista ha justificado que los estados más pobres no han recibido suficientes vacunas a causa de sus características geográficas y culturales, e incluso porque todavía hay personas que no creen en la enfermedad o en la efectividad de la inoculación, lo cierto es que el retraso se debe simplemente a que las vacunas no han llegado porque la distribución no ha sido igual entre los estados. La visita de Claudia Sheinbaum a Campeche lo confirmó.
Pero, ¿nuestro país ya cumplió con la meta de vacunación contra el Covid-19? Para el gobierno es meta cumplida, mientras la población -sin dejar de reconocer una disminución en contagios y fallecimientos-, no puede aceptar la tan manoseada expresión cuatroteista de ¡misión cumplida!
Mientras Estados Unidos y algunos países latinoamericanos ya están vacunando a niños y adolescentes de 12 a 17 años –algunos incluso han comenzado a vacunar a niños de 5 a 11 años- padres y madres de todo el país siguen presentando mandatos judiciales en los tribunales estatales para vacunar a sus hijos e hijas. La respuesta del gobierno ha sido investigarlos.
Para el gobierno, la demanda de vacunar a los menores de 18 años, lo que ya se hace en la mayoría de los países del mundo, sólo se trata “de una estrategia para combatir la más exitosa campaña de vacunación en el mundo”.
Sin embargo, fue la propia Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) quien autorizó en junio pasado el uso de la vacuna contra Covid-19 desarrollada por Pfizer-BioNTech en adolescentes mayores de 12 años. Tuvieron que ser los jueces quienes obligaran al gobierno a aplicarla.
En Estados Unidos, por ejemplo, la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA, en inglés) autorizó hace tres días el uso de emergencia para menores de entre 5 y 11 años de la misma vacuna contra Covid-19 de Pfizer/BioNTech. La agencia basó su autorización en la efectividad del 90,7% para prevenir el coronavirus.
Hasta ahora, nadie sabe cuántas vacunas compramos y a qué precio. En México, la 4T monopolizó la distribución y aplicación de las vacunas como parte de su estrategia para ganar votos; hoy las utiliza para construir una candidatura presidencial.
Si el parámetro es la utilidad electoral, entonces sí están cumpliendo su meta.
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