El exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, anticipa la próxima jugada de sus adversarios. Dice que la Fiscalía General del Estado prepara un proceso judicial por extorsión en su contra.
El exejecutivo veracruzano apuntó que el actual gobierno estatal prepara acciones contra quienes participaron en la recuperación de bienes orquestada entre 2016 y 2017.
Son, en términos muy generales, las líneas discursivas de la defensa yunista ante la ofensiva jurídica en contra de los funcionarios del pasado gobierno estatal.
De forma simultánea a dichas declaraciones, en algunas páginas digitales de noticias de Veracruz se reprodujo un intento de exfuncionarios por articular una defensa ante las acusaciones por presuntos desvíos de recursos públicos durante el bienio encabezado por Yunes Linares.
El comunicado que se atribuye a los extitulares de las secretarías de Gobierno, Rogelio Franco Castán; Finanzas, Guillermo Moreno Chazzarini; Seguridad, Jaime Téllez Marié; Educación, Enrique Pérez Rodríguez; Salud, Irán Suárez Villa, y Comunicación Social, Elías Assad, adelanta que procederán contra el exauditor general del Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz, Lorenzo Antonio Portilla.
Como se recuerda, en su informe sobre la cuenta pública 2018, el Orfis reveló un presunto daño patrimonial en esas y otras dependencias del gobierno encabezado por Miguel Ángel Yunes.
En respuesta, los mencionados funcionarios amagan con una denuncia contra el auditor, a quien acusan por falsear información en su reporte al Congreso de Veracruz.
En pocas palabras, los integrantes del gabinete de Yunes Linares señalan que ellos actuaron en apego a la ley; que sus cuentas son tan claras como el agua de manantial y que no le metieron la mano al tenate del dinero; que si quieren, los registren… por ello, indignados por las acusaciones, encolerizados por el denuesto, dicen que denunciarán al hoy exauditor que se atrevió a insinuar siquiera que sobre ellos pesaba alguna sospecha, aunque sea minúscula, por presuntos actos de corrupción.
Sólo les faltó decir que el Orfis de Portilla les tenía ojeriza y que no permitirían que su prestigio fuera manchado por la inquina de la actual administración.
El caso es que los exfuncionarios del yunismo siguen en el ojo del huracán; sobre todo ahora que al exsubsecretario de Finanzas le dictaron un año de prisión preventiva.
Este martes, siguiendo con el tema de las denuncias contra los exfuncionarios del pasado gobierno, Jorge Reyes Peralta, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Veracruz, dio a conocer lo que en la víspera adelantó Yunes: que hay denuncias contra el exgobernador por el presunto delito de extorsión.
El prestigioso abogado veracruzano, quien se ha caracterizado por su enfrentamiento con el exejecutivo, dijo que hay al menos ocho presuntos agraviados por la “recuperación” de bienes a través de la figura de la donación. En pocas palabras, a los duartistas los amagaban con proceder en su contra si no regresaban bienes o dinero. Para ello, el exgobernador habría utilizado el despacho de su abogado de cabecera, Jorge Winckler Ortiz, quien a la postre se convertiría en fiscal general del estado, primero; y en prófugo de la justicia, después.
Veremos, en los próximos meses, cómo termina el asunto y cuántos excolaboradores del exmandatario veracruzano corren con la misma suerte que Bernardo “N”, el subsecretario de Finanzas que hoy duerme en una celda de Pacho.
