Rápidamente se movió ayer en redes sociales el anuncio de varios exsecretarios de despacho del gobierno yunista sobre la denuncia que presentarán contra el extitular del Orfis.
Se trata de Rogelio Franco, Guillermo Moreno, Jaime Téllez, Enrique Pérez, Irán Suárez y Elías Assad, quienes van contra Lorenzo Antonio Portilla.
Según ellos, Portilla Vázquez ocultó documentos y entregó información falsa al Congreso del Estado de Veracruz.
Asimismo, aseguran que señaló presuntos “daños patrimoniales” inexistentes para generar la percepción de que había sido riguroso en el análisis de la aplicación de los recursos.
Pero todo eso lo hizo el exauditor general en el afán de reelegirse como titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado.
De acuerdo con los extitulares de Segob, Sefiplan, Seguridad Pública, SEV, Salud y Comunicación Social, Portilla clasificó como “presunto daño patrimonial” transferencias de recursos a la UV, que por disposición constitucional debe entregar cada año el Ejecutivo del estado.
No es cualquier cosa lo que exponen los exfuncionarios cuando dicen que “a pesar de que durante la etapa de solventación ante el propio Orfis se presentaron documentos para acreditar que los datos que hizo públicos no tenían sustento, Portilla ordenó no valorar dichos documentos, para presentar al Congreso del Estado una cuenta pública escandalosa que avalara su afán de reelegirse”.
Pero no sólo esos excolaboradores del gobierno de Miguel Ángel Yunes van contra Lorenzo Antonio, pues ha trascendido que en el mismo Congreso del Estado se estaría preparando otra denuncia, porque mientras los gobernantes estaban en funciones Portilla no “encontraba” problemas y cuando dejaban el cargo los denunciaba.
Para legisladores locales eso sería parte de una simulación que se dio por conveniencia del exauditor durante la vigencia de cada mandato y, como fue evidente, hasta el gobierno siguiente el extitular del Orfis pudo encontrar anomalías, como ocurrió con los casos de Yunes y Duarte.
Algunos diputados comentan que les llamó la atención el activismo de Portilla durante el proceso de selección para el relevo en el órgano de fiscalización, pues todo parecía ir encaminado a congraciarse con el Congreso para que lo reeligieran.
Si otra cosa no sucede, pronto podríamos estar viendo al exauditor en un papel contrario al que tenía como titular del Orfis, es decir, de investigador y acusador a investigado y acusado e incluso perseguido.
Al tiempo.
En ese contexto se ubica el más reciente comunicado del Partido del Trabajo en el que se refiere al exauditor.
En uno de sus párrafos señala el documento: “Sin duda, la desconfianza que demuestra el diputado panista Rodrigo García Escalante por el último informe rendido del exauditor general tiene motivación; su duda se basa en experiencia pasada”.
El mismo documento agrega: “El PT apoya su propósito de revisar la cuenta pública 2018, para que no suceda nuevamente ‘otra limpia a modo’ de rendición de cuentas, tal y como se presume lo hizo la pasada Legislatura…”.
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