Hoy nos encontramos ante escenarios muy difíciles para el ejercicio de cualquier actividad profesional, sin embargo, eso no es culpa de la autoridad, ya que el Covid-19 no respeta países, gobiernos ni corrientes políticas.
Por lo anterior estimo muy oportuno elaborar este artículo, que tiene como único objetivo contribuir con la institución a la cual le debo tanto, pues desde 1992 que ingresé como secretario de Acuerdos del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chicontepec, en el norte del estado, me forjé en los juzgados y gracias a ello tengo la amplia responsabilidad de ser juez de Primera Instancia en Materia Civil y, en efecto, por mi tránsito en los tribunales entendí que la vocación de servicio y preparación continua es lo que hace que uno no pase como el viento del otoño, solo por una temporada.
Después de esta reflexión, quiero ponerme en un lugar que de entrada no me corresponde, pero debido a mi convivencia cotidiana con las barras, colegios, asociaciones, foros y confederaciones de abogados del estado, considero necesario hacerlo. Siempre he sido una persona que dice las cosas de frente y cuando no estoy de acuerdo he acudido ante las instancias correspondientes y posiblemente por defender mis derechos en ocasiones he sido objeto de críticas. El exministro Juan Díaz Romero, que en paz descanse, en una de sus múltiples enseñanzas nos dejó una lección muy profunda, misma que se advierte en la Recomendación I/2010, de la Comisión Nacional de Ética Judicial, en donde se deduce una reflexión que dice: nadie está obligado a lidiar con un toro bravo más que el torero, que por su propia voluntad firma el contrato para participar en la corrida, pero el juez, que por su propia convicción firma un contrato para ser juez, debe ser valiente al momento de tomar sus decisiones, incluso cuando tiene que defender sus propias convicciones.
Por eso, en ese arrojo de valentía, solidaria y empatía que tengo con los diferentes gremios de abogados, me permito redactar estas líneas para hacer menos difícil la situación económica por la cual se está atravesando en los juzgados por la inactividad obligatoria derivada de la pandemia. Sabemos que no es posible abrir en este momento las funciones ordinarias, pero si tenemos en cuenta que existen las nuevas herramientas de las tecnologías de la información, ello podrá ser de gran ayuda.
El Poder Judicial de la Federación y el de nuestro estado están haciendo lo necesario para que las actividades vuelvan poco a poco a la normalidad, pues conocemos del espíritu de servicio que tienen quienes toman esas decisiones, además algo muy loable, ya que se está haciendo, sin necesidad de que el legislador modifique la ley, lo que sería de mucha ayuda, pero también no debemos olvidar que un proceso legislativo por su naturaleza llevaría varios meses de espera, tanto más si se pretende incluirlas directamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo señaló el senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la Republica, en una iniciativa reciente.
Con independencia de ello, estimo que es necesario que se trabaje con lo que se tiene a la mano, pues el artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado contempla la posibilidad de que las notificaciones tradicionales derivadas de los procedimientos administrativos y judiciales se puedan hacer por medio electrónico.
En tal situación, elevo mi voz, con todo respeto, para que en uso de las facultades que otorga la ley antes mencionada se abran un poco más las actividades jurisdiccionales y previo acuerdo se hagan las notificaciones electrónicamente, claro y sin atención directa en los juzgados, los abogados litigantes y la ciudadanía, continúen con sus procesos.
