Con dos recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cerró 2021 el gobierno veracruzano de Cuitláhuac García.
El 30 de diciembre, la CNDH emitió la recomendación 146/2021 al ejecutivo estatal por el tema de los seis jóvenes cuyo caso ha escalado al plano nacional debido a la denuncia pública del senador Ricardo Monreal.
La instancia encabezada por Rosario Piedra Ibarra documentó violaciones a los derechos humanos, a la seguridad jurídica y a la libertad personal, “derivadas de la detención arbitraria y la imputación indebida de hechos por parte elementos policiacos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP) y de personal adscrito a la Fiscalía General del Estado de Veracruz”.
Los seis jóvenes fueron detenidos el 3 de septiembre en Xalapa. De acuerdo con la recomendación de la CNDH, los policías iban encapuchados, revisaron sus pertenencias y les colocaron esposas. Una vez detenidos, fueron obligados a firmar documentos y dar acceso a sus teléfonos celulares, para posteriormente ser vinculados a proceso por el presunto delito de ultrajes a la autoridad.
La Comisión determinó que hubo violación a los derechos de las víctimas, “debido a que los elementos de la SSP del estado no se apegaron a los lineamientos constitucionales y convencionales para la privación de la libertad de cualquier persona, y a que su detención se ejecutó sin orden de aprehensión, ni se acreditó flagrancia o caso urgente”.
En su recomendación, la instancia solicitó al gobernador Cuitláhuac García, a la fiscalía y a la comisión de atención a víctimas, que se repare el daño ocasionado y se brinde a los detenidos atención médica y psicológica.
También plantea la necesidad de que el ejecutivo veracruzano accione el procedimiento legislativo, a efecto de proponer la derogación del numeral 331 del Código Penal para el estado, a fin de prevenir nuevas violaciones a los derechos humanos en beneficio de la población residente o que transita en la jurisdicción de esa entidad. En pocas palabras, que se haga lo necesario para derogar en Veracruz el delito de ultrajes a la autoridad.
Ese mismo día, el 30 de diciembre, la CHDH emitió otra recomendación que tiene como blanco a las autoridades veracruzanas, la número 141/2021, en la que se ve involucrada tanto la Fiscalía General del Estado como instancias federales de las áreas de procuración de justicia y reinserción social. Se trata de un hombre que denunció tortura y lesiones. Esta queja, sin embargo, se remonta a 2017, de tal manera que si bien tiene como destinatario al actual gobierno, corresponde al periodo de la anterior administración.
El tema tiene que ver con la presión que desde el Senado y desde la CNDH se ejerce contra el gobierno de García Jiménez para que se derogue el delito de ultrajes a la autoridad, que ha sido calificado por juristas como un violatorio a los derechos humanos.
En su reciente aparición en el medio oficial del Gobierno del Estado, el ejecutivo veracruzano aclaró que se castiga con prisión sólo a quien cometa agresión violenta contra policías; y que no considera agresión verbal.
El gobernador lanzó una advertencia en el sentido de que exhibirá a quienes vayan en contra de la ley que tipifica el delito de ultrajes.
En clara alusión al senador Monreal, el ejecutivo veracruzano sentenció que “Si alguien apela y cambia la ley, que la gente sepa quién los va a soltar –a los delincuentes–, yo no, porque me pongo del lado de las víctimas”. Al parecer, el asunto, más que un debate sobre la constitucionalidad de los ultrajes a la autoridad, degeneró en un juego de vencidas entre el mandatario veracruzano y el senador Ricardo Monreal, convertido en el principal crítico de la actual administración.
Por otro lado, ya no sólo es la Cámara Alta y la comisión especial creada para investigar presuntos abusos de poder en el gobierno de Veracruz, sino la CNDH la instancia que toma el tema de los ultrajes a la autoridad para enviar un aviso al ejecutivo veracruzano.
@luisromero85
