La guerra mediática contra el gobierno de Veracruz se ha intensificado en las últimas semanas.
Los señalamientos contra la llamada Cuarta Transformación han sido calificados por algunos como irrisorios y sin fundamento.
Para el grupo en el poder es claro que los ataques provienen de políticos que perdieron todos sus privilegios y canonjías; de acuerdo con dichas versiones, buscan denostar a la administración estatal con tal de intentar recuperar espacios y prebendas.
Entre los casos que Morena ubica como parte de una guerra sucia contra el gobierno estatal destacan dos:
El primero tiene que ver con supuestas irregularidades en la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), a cargo de Zenyazen Escobar, quien tuvo que salir a aclarar la situación que el senador panista Julen Rementería del Puerto dio a conocer en sus redes sociales, las empresas fantasma en los contratos de la dependencia.
El otro caso está relacionado con la presunta contratación de más créditos por parte del gobierno estatal, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).
El titular de la dependencia, José Luis Lima Franco, también salió a aclarar la información que en su momento publicó el portal Latinus.
Para el partido en el poder estatal, los ataques son meramente mediáticos y provienen de los grupos panistas y particularmente del clan yunista.
Las versiones de los simpatizantes de Morena apuntan que el origen de toda esa campaña estaría directamente relacionado con el tema de la propuesta que hizo la bancada morenista en el Congreso local para reducir el monto de los recursos públicos que reciben todos los partidos políticos, las prerrogativas.
Si bien la iniciativa, aprobada por mayoría calificada y por legisladores de distintos partidos, es mucho más amplia con relación a la reforma electoral, el recorte de las prerrogativas generó un rechazo inmediato por parte de los partidos de la oposición, pues para nadie es un secreto que prácticamente sus dirigencias viven del erario público.
No hubo protestas relacionadas con el tema de la reducción de cuatro a tres años del periodo de los presidentes municipales; ni con la posibilidad de reelección; hasta ahora, la crítica se ha centrado de forma genérica en la reforma electoral y particularmente en la reducción de las prerrogativas y la desaparición de los consejos municipales electorales.
Habría que comentar que el fundamento de esta propuesta plantea que los recursos que se le quiten a los partidos se destinen a rubros fundamentales, como empleo, educación y particularmente salud. Sin embargo, para los dirigentes opositores esta medida los afectaría con miras a los procesos electorales venideros, de ahí que de manera reiterada han salido a los medios para denostar a la administración estatal.
Finalmente, el golpe más doloroso para cualquier político es el leñazo al bolsillo.
Por ello, ante la jornada electoral que se desarrollará el próximo año, los políticos opositores buscarían generar ruido mediático contra la administración morenista y los principales personajes del movimiento de la llamada 4T.
En todo caso, lo que se esperaría de partidos como el PRI, PAN y PRD son propuestas claras, fundamentadas y concretas, pues los ciudadanos están cansados de acusaciones y señalamientos que en nada abonan a la democracia en Veracruz.
