Ayer se conmemoró el Día Mundial de la Libertad de Prensa, establecido por la Organización de la Naciones Unidas desde hace 25 años, con el propósito de fomentar el derecho a un ejercicio “plural e independiente (…) Componente esencial de toda sociedad democrática”.
Esa declaración sólo está garantizada a medias en México y es letra muerta en otros donde su forma de vida es el autoritarismo. La realidad es que los reporteros viven en constante amenaza. El año pasado, por ejemplo, el nuestro fue considerado el país más peligroso del mundo para el ejercicio del periodismo, y a la fecha los crímenes cometidos contra comunicadores permanecen impunes en 90%, según registro de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El director del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, Rodrigo Santiago Juárez, señaló a finales de enero pasado en Colima que desde el año 2000 a la fecha han caído asesinados 131 periodistas en México, 20 se encuentran en calidad de desaparecidos desde 2005 y han ocurrido 52 atentados contra instalaciones de medios de comunicación a partir de 2006.
El análisis de la CNDH es que de 176 averiguaciones previas relacionadas a casos de homicidios y desapariciones de periodistas, así como atentados a medios de comunicación, “solamente en 17 casos hubo una sentencia condenatoria, es decir, sólo en 10% de los casos se obtuvo justicia”.
En Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte fueron 17 los reporteros asesinados; el año pasado cuatro más se sumaron a esa lista: Gumaro Pérez Aguilando en Acayucan, Cándido Ríos Vázquez en Juan Díaz Covarrubias, el refugiado hondureño Edwin Rivera Paz en Acayucan, y Ricardo Monluí Cabrera en Yanga, y este año Leobardo Vázquez Atzín fue asesinado en Gutiérrez Zamora. Y aunque en muchos casos las muertes apuntan hacia el crimen organizado por la forma en que se cometieron, sea cual fuere la motivación del hecho, la autoridad no cumple con la obligación de garantizar esa libertad; más —como avalan los análisis de la CNDH— en la inmensa mayoría de los casos los crímenes permanecen impunes, y esa condición favorece a que sigan cometiéndose.
Es una situación lamentable que debe ser motivo de vergüenza para las autoridades de todos los niveles de gobierno, más aquellas que tienen la responsabilidad de prevenir, procurar y administrar la justicia.
BAJAN DELITOS EN EL PUERTO, PERO SIGUEN ASALTOS
El alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, dio a conocer que de enero a marzo de este año se registraron mil 521 delitos diversos, lo que comparado con el mismo periodo del año pasado, cuando se reportaron mil 793 incidentes, significa una importante disminución en el índice delictivo. “Son más de 150 delitos menos que en 2017”, señaló el edil en conferencia de prensa. Citó de ejemplo que en robo a comercios bajó de 508 casos registrados en el primer trimestre de 2017, a 274 casos en los primeros tres meses del presente año. En 2017 se presentaron siete casos de feminicidios, pero ninguno en lo que va del actual, si bien hubo una agresión y violación a una mujer hace pocos días en la colonia Serdán, el agresor ya fue detenido.
El comparativo es importante, sin embargo, el alcalde no debe echar a volar las campanas. Ayer, por ejemplo, los maleantes hicieron la travesura de asaltar la Farmacia del Ahorro en plena avenida Independencia y Mario Molina, a una cuadra del Palacio Municipal, lo que habla de que los delitos del fuero común brincan en cualquier momento. Para garantizar una verdadera seguridad pública hay que establecer estrategias eficaces, no solamente cámaras de videovigilancia, y también incrementar y capacitar adecuadamente al personal preventivo que en estos días está convocándose para aumentar el personal de la Policía Municipal.
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