De 2010 a 2022, 148 periodistas fueron asesinados en México, 28 de ellos --casi un 20% del total-- se han cometido en apenas tres años del actual gobierno de la República.
Veracruz es el estado más peligroso del país para el ejercicio informativo, con 17 muertes de comunicadores cometidos durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, cinco más con Miguel Ángel Yunes Linares, y otros cinco en lo que va del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, cifras espeluznantes documentadas por la organización Articulo 19. En su mayoría, son crímenes que permanecen en la impunidad, lo que cobija y otorga inmunidad a quienes desde el poder político o de las armas, ordenan o ejecutan esos atentados pretendiendo inhibir el ejercicio de la libertad de expresión, el más sólido cimiento de la democracia. Ayer, reporteros de Minatitlán, Cosolecacaque, Córdoba, Orizaba, Xalapa, Alvarado y el puerto de Veracruz, y de todo el país, se manifestaron públicamente para lanzar un “ya basta” a las muertes de reporteros y en exigencia al estado mexicano de seguridad con mecanismos efectivos para garantizar la vida de los comunicadores. El asesinato de José Luis Gamboa Arenas en el puerto de Veracruz, así como de Margarito Martínez Esquivel y Lourdes Maldonado, en días pasados en Tijuana, prendieron los focos rojos por la grave situación de riesgo para este gremio en todo el país. Tan sólo en la entidad, con la muerte de JLG, suman cinco las ocurridas en tres años: Leobardo Vázquez Atzin (en marzo 2018), Jorge Celestino Ruiz Vázquez (en agosto 2019), Maria Elena Ferral Hernández (en marzo 2020), Julio Valdivia (en septiembre 2020), y Jacinto Romero (en agosto 2021), un mal presagio que sólo puede explicarse en que el gobierno se encuentra rebasado por la violencia. La situación inquieta, y empeora cuando no existe justicia para las víctimas, y al ser voz de las causas sociales, la propia sociedad también tendría que levantar la voz para hacerse escuchar ante quienes tienen la responsabilidad de atender este llamado.
Ayer, otro alcalde, el de Boca del Río, Juan Manuel de Unánue Abascal, se sumó a los ediles de Veracruz y Orizaba en dictar la disposición del uso obligatorio del cubrebocas en espacios públicos, comercios y transporte público. En este municipio turístico habría, inclusive, la imposición de multas a establecimientos comerciales donde se permita el acceso a personas sin colocarse la mascarilla. Es una medida preventiva para contener la rápida propagación del Covid-19, e incluye el cambio al color amarillo del semáforo epidemiológico para restringir el aforo en diversos sitios. Son medidas preventivas que poco a poco irán ampliándose a otras demarcaciones, cuando las autoridades municipales vayan percatandose del incremento en los contagios y muertes por esta causa. Al menos en las grandes ciudades de la entidad, los hospitales públicos han ido aumentando la atención médica por la demanda de un mayor número de enfermos de coronavirus y sus espacios siguen siendo ocupados, lo que podría generar una nueva crisis en ese sector.
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