/ miércoles 24 de junio de 2020

Liderazgos de membrete

Cualquiera pensaría que contando con la mayoría de los alcaldes veracruzanos, al PAN, PRI y PRD les hubiera alcanzado para impedir que se concretara la reforma electoral de Veracruz.

No fue así, las dirigencias estatales de esos tres partidos quedaron en ridículo porque evidenciaron la falta de control en los ayuntamientos donde al menos en teoría tienen hegemonía.

En el Congreso local la bancada de Morena celebró la cristalización de la reforma electoral de Veracruz. 126 cabildos la avalaron; ello representa el 59%de los municipios de la entidad.

Ese hecho fue calificado por el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, como un avance incuestionable, a pesar de la oposición de las dirigencias partidistas, que dejarán de percibir la mitad de las millonarias prerrogativas que en el pasado recibían.

Gómez Cazarín apuntó que la reforma cristaliza un viejo reclamo de los veracruzanos: acortar el financiamiento público a los partidos y el gasto de las elecciones; avanzar en la democracia participativa, en la igualdad de género y en los derechos político-electorales de los ciudadanos.

La reforma, señaló el legislador, significará un ahorro de 2 mil millones de pesos.

Son recursos que a partir de 2021 se podrán destinar a los rubros de salud, seguridad o educación.

El punto, sin embargo, es la evidente falta de control, peso e influencia de los dirigentes partidistas de oposición en los ayuntamientos que ganaron en la contienda de 2017.

En las elecciones del 4 de junio de 2017, la alianza entre los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática ganó 107 ayuntamientos; si todos ellos hubieran rechazado la reforma electoral, ni siquiera la suma de las otras fuerzas políticas, con el PRI incluido, hubieran sido suficientes para frenar estas modificaciones legales.

La alianza de PRI-Verde ganó 40 ayuntamientos, de los cuales más de la mitad se consideran priistas. El Movimiento Ciudadano obtuvo la victoria en 9.

De hecho, Morena sólo tiene 17 ayuntamientos veracruzanos, aunque también cuenta con los de Encuentro Social, 6; y PT, 4, además de tres municipios con alcaldes “independientes”. La suma de esos gobiernos locales serían insuficientes para sacar adelante la citada reforma.

De hecho, los votos de los ayuntamientos de PRI, PAN y PRD serían suficientes para rechazar cualquier reforma constitucional en Veracruz. Sin embargo, la reforma electoral pasó sin mayores problemas.

Evidentemente, unas cuatro decenas de cabildos que en teoría son panistas, perredistas o priistas avalaron la reforma electoral propuesta por Morena, lo cual deja en duda el nivel de influencia de los dirigentes de esos tres partidos políticos, Joaquín Guzmán Avilés, Jesús Velázquez Flores y Marlon Ramírez Marín, respectivamente.

Ahora, esa tercia de dirigentes partidistas, al ver el inminente desplome de sus prerrogativas, lanzaría una ofensiva legal, una controversia, para echar abajo la reforma; pero hubieran sido mucho más efectivas las acciones desde los cabildos.

El problema es que ninguno de ellos tiene un liderazgo real entre los alcaldes; o lo que es lo mismo, a los ediles, por lo visto, les importa muy poco lo que digan sus dirigentes de partido.

Cualquiera pensaría que contando con la mayoría de los alcaldes veracruzanos, al PAN, PRI y PRD les hubiera alcanzado para impedir que se concretara la reforma electoral de Veracruz.

No fue así, las dirigencias estatales de esos tres partidos quedaron en ridículo porque evidenciaron la falta de control en los ayuntamientos donde al menos en teoría tienen hegemonía.

En el Congreso local la bancada de Morena celebró la cristalización de la reforma electoral de Veracruz. 126 cabildos la avalaron; ello representa el 59%de los municipios de la entidad.

Ese hecho fue calificado por el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, como un avance incuestionable, a pesar de la oposición de las dirigencias partidistas, que dejarán de percibir la mitad de las millonarias prerrogativas que en el pasado recibían.

Gómez Cazarín apuntó que la reforma cristaliza un viejo reclamo de los veracruzanos: acortar el financiamiento público a los partidos y el gasto de las elecciones; avanzar en la democracia participativa, en la igualdad de género y en los derechos político-electorales de los ciudadanos.

La reforma, señaló el legislador, significará un ahorro de 2 mil millones de pesos.

Son recursos que a partir de 2021 se podrán destinar a los rubros de salud, seguridad o educación.

El punto, sin embargo, es la evidente falta de control, peso e influencia de los dirigentes partidistas de oposición en los ayuntamientos que ganaron en la contienda de 2017.

En las elecciones del 4 de junio de 2017, la alianza entre los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática ganó 107 ayuntamientos; si todos ellos hubieran rechazado la reforma electoral, ni siquiera la suma de las otras fuerzas políticas, con el PRI incluido, hubieran sido suficientes para frenar estas modificaciones legales.

La alianza de PRI-Verde ganó 40 ayuntamientos, de los cuales más de la mitad se consideran priistas. El Movimiento Ciudadano obtuvo la victoria en 9.

De hecho, Morena sólo tiene 17 ayuntamientos veracruzanos, aunque también cuenta con los de Encuentro Social, 6; y PT, 4, además de tres municipios con alcaldes “independientes”. La suma de esos gobiernos locales serían insuficientes para sacar adelante la citada reforma.

De hecho, los votos de los ayuntamientos de PRI, PAN y PRD serían suficientes para rechazar cualquier reforma constitucional en Veracruz. Sin embargo, la reforma electoral pasó sin mayores problemas.

Evidentemente, unas cuatro decenas de cabildos que en teoría son panistas, perredistas o priistas avalaron la reforma electoral propuesta por Morena, lo cual deja en duda el nivel de influencia de los dirigentes de esos tres partidos políticos, Joaquín Guzmán Avilés, Jesús Velázquez Flores y Marlon Ramírez Marín, respectivamente.

Ahora, esa tercia de dirigentes partidistas, al ver el inminente desplome de sus prerrogativas, lanzaría una ofensiva legal, una controversia, para echar abajo la reforma; pero hubieran sido mucho más efectivas las acciones desde los cabildos.

El problema es que ninguno de ellos tiene un liderazgo real entre los alcaldes; o lo que es lo mismo, a los ediles, por lo visto, les importa muy poco lo que digan sus dirigentes de partido.

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