Los diputados del PAN no solamente no pudieron evitar que se aprobara la ley que da facultades al Congreso local para remover al actual fiscal general del estado, que ellos nombraron cuando eran mayoría en la anterior Legislatura, también fracturó la unidad en esa bancada cuando dos de sus integrantes votaron a favor de esta adición, es decir, la aprobación fue hecha por diputados de todos los partidos políticos.
Fueron 39 votos a favor, cinco más de los necesarios para reformar la Constitución del estado, para colgar la guillotina y dejarla lista para caer sobre la cabeza de Jorge Winckler Ortiz, quien tiene acumuladas siete solicitudes de juicio político en la Cámara de Diputados presentadas por diversas organizaciones y particulares, por abusos presumiblemente cometidos por el fiscal general, en especial contra exfuncionarios que lo han denunciado de torturas, amenazas, proponerles declarar en falsedad para retirar o modificar delitos que les permita una penalidad menor y otros, como omisión de deberes legales con los familiares de desaparecidos. La situación se tornó más complicada para quien por años ha sido abogado de la familia Yunes antes de asumir la titularidad de la FGE, por la determinación de jueces para sacar de la cárcel a tres importantes exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte, acusados de delitos de corrupción y desaparición forzada, Francisco Valencia García, extitular de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz; Mauricio Audirac Murillo, exsecretario de Finanzas y Planeación, y Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad Pública, para que enfrenten en libertad los procesos penales a que se encuentran sujetos, lo que no quiere decir que sean inocentes, pero sí demuestra que hubo excesos en los procedimientos a que fueron sometidos o que hubo deficiencias en la integración de las averiguaciones. Sea cual fuere la causa, Winckler ha dicho que no renunciará y se mantendrá los siete años que le restan como fiscal, aunque ahora estaría sentenciado a irse en los próximos días, y acaso no solamente para decir adiós a su cargo, incluso estar en riesgo su propia libertad si fuera encontrado responsable de los delitos que se le señalan. De lo que más llamó la atención en la sesión del Congreso ayer fue la aprobación de la adición al artículo 67 de la Constitución, de dos diputadas del PAN que plantearon que ellas sirven a los intereses de los ciudadanos, no de su partido, María Graciela Hernández Íñiguez y Nora Jessica Lagunes Jáuregui, lo cual es ejemplar, y el voto de abstención, no en contra, de los 11 diputados restante de la misma fracción. Ahora sólo resta que esta modificación de la Constitución la aprueben la mitad más uno de los 213 cabildos municipales, cosa de mero trámite, para que pueda ser publicada en la Gaceta Oficial del Estado para entrar en vigor.
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