Lo dijo hace unos días el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, que a la bancada de Morena le hacían falta cuatro votos para alcanzar la mayoría calificada y reformar la Constitución Política local.
Pues ayer lo lograron y aprobaron la reforma con la que la Legislatura adquiere la facultad para remover al fiscal general del estado.
Está claro que la decisión es quitar de ese cargo a Jorge Winckler, quien ha dicho que él no va a renunciar y que si proceden en su contra se va a defender y puede hacerlo.
La reforma constitucional de ayer sería aplicada de manera retroactiva para el caso de Winckler, asunto que se empezó a discutir en diversos ámbitos, donde se habla de que por tratarse de una remoción que haría un Congreso local, el removido tendría que irse a su casa.
Habría que esperar a la decisión de los tribunales respectivos, si es que el fiscal opta por recurrir al amparo una vez que lo remuevan los diputados.
La otra vía que le quedaría al Congreso para lograr su propósito es el llamado juicio de procedencia y los diputados ya han recibido siete solicitudes de juicio político en contra del fiscal Jorge, pero la sola solicitud no bastaría para que la Legislatura proceda.
Puede haber una condena social generalizada y aunque para todos el funcionario sea culpable de que se queden sin castigo secuestradores, asesinos y a quienes se robaron el dinero de los veracruzanos e incurrieron en el delito de desaparición forzada, si no hay pruebas legales de todo esto, difícilmente podrían removerlo.
El otro recurso que tendría al grupo de Morena que quiere deshacerse de Winckler es la presión política y social, que sería de tal magnitud, que lo haga renunciar al cargo, aunque él insista que se queda los siete años restantes de su periodo.
Y como para que no quede duda de que la indicación es que se vaya el fiscal, el coordinador de la bancada morenista Javier Gómez Cazarín explicó en su declaración de días atrás que requieren de la mayoría calificada y que ellos tienen 26 legisladores, que sumados a cuatro de la fracción que integran PES, PT y una legisladora del PRD suman 30.
"Con todos ellos sumamos 30 votos, pero para tener la mayoría calificada para poder remover del cargo a Jorge Winckler necesitamos 34 votos, nos faltan cuatro", habría dicho.
En este caso, la diputada del PRD que estaría apoyando a la bancada de Morena sería la del distrito de Santiago Tuxtla, Kristel Hernández, quien es esposa del alcalde Argeniz Vázquez Copte.
La reforma constitucional de ayer fue avalada por las bancadas de Morena, PRD-MC, PRI, “del Lado Correcto de la Historia” y la representante del PVEM, Andrea Yunes Yunes, así como por dos panistas: Nora Jessica Lagunes y María Graciela Hernández. El resto de la fracción del PAN votó en contra.
Por cierto que llamó la atención que en la reunión de alcaldes a la que convocó el diputado Érik Iván Aguilar, estuvieron nueve alcaldes de la región misanteca, pero no el de la cabecera Misantla, Othón Hernández Candanedo. ¿será porque ganó por la alianza PAN-PRD?
De acuerdo con la información difundida por la oficina de Comunicación Social del Congreso local, en el encuentro celebrado en el Palacio Legislativo estuvieron los presidentes municipales de Coacoatzintla, Alma Guadalupe Maravert Alba; Jilotepec, Sergio Fernández Lara; Juchique de Ferrer, Lizbeth Emilia Portilla Gumecindo; Miahuatlán, Irma Delia Bárcena Villa; Naolinco, Roberto Carlos Reyes Aguilar; Nautla, Daicy Faibre Montoya; Tenochtitlán, Primitiva Sánchez Gabriel; Tepetlán, Carlos Romero González y de Tlacolulan, David Velasco Hernández.
Othón Hernández ganó la alcaldía de Misantla dejando muy lejos al candidato de Morena.
Sobre el mismo caso de los exduartistas liberados, la jueza Alma Aleida Sosa Jiménez explicó ayer: “El criterio que tomé como juez es en atención a una resolución de queja que es la 128/2018 y que fue resuelta por los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México, donde se estableció que la desaparición forzada de personas no es un delito grave y no amerita prisión preventiva oficiosa”.
Y precisó: No se han volcado los criterios de forma desmedida o radical o de 180 grados como algunos dicen.
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