El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción ha insistido en que debido a las irregularidades en su aprobación, debe revisarse una vez más la cuenta pública correspondiente al ejercicio 2017.
En octubre de 2018, cuando faltaban algunos días para que concluyera la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, el Congreso de Veracruz, entonces con mayoría del Partido Acción Nacional, aprobó la cuenta pública de 2017.
Con 35 votos de los diputados de PAN, PRI, PRD y Juntos por Veracruz, el dictamen fue aprobado por el Pleno. Sólo se opusieron doce legisladores de Morena, partido que hoy tendría en sus manos la corrección de la cuenta.
El tema de la revisión a ese proceso legislativo ha cobrado fuerza desde noviembre de 2018, dado que el Comité de Participación Ciudadana denunció las irregularidades en que habrían incurrido los integrantes de la Comisión de Vigilancia del anterior Congreso del Estado, particularmente Juan Manuel de Unanue, Bingen Rementería Molina, Rodrigo García Escalante y Judith Pineda Andrade.
El señalamiento indica que de forma irregular, por decir lo menos, la anterior Legislatura de Veracruz habría perdonado las irregularidades detectadas a las cuentas de diversas dependencias del gobierno estatal y de ayuntamientos.
Por ejemplo, la pasada Legislatura dio por solventadas las presuntas irregularidades detectadas por el Órgano de Fiscalización Superior a dos dependencias estatales: la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, a cuyo frente se encontraba Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, y la de Desarrollo Social, en la que despachaba la hoy senadora Indira Rosales San Román.
Según el dictamen de la Comisión de Vigilancia del pasado Congreso local, dichas dependencias justificaron las observaciones del ORFIS, aunque ello generó suspicacias.
A las dependencias estatales se les detectaron irregularidades que podrían constituir un presunto daño patrimonial superior a 338 millones de pesos.
Ese monto no fue justificado del todo y a pesar de ello, los diputados de la pasada Legislatura aprobaron las cuentas.
Lo mismo ocurrió en el caso de al menos 42 ayuntamientos veracruzanos, cuyos alcaldes, aún sin justificar las observaciones del Orfis, fueron liberados de responsabilidad.
Habría que comentar que el monto observado originalmente a 153 ayuntamientos fue de más de mil 100 millones de pesos; al final quedaron 111 municipios con un presunto daño patrimonial de 776 millones.
Esas presuntas irregularidades fueron observadas y denunciadas por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, que pidió que se reabriera el proceso de revisión a la cuenta pública 2017.
Este jueves, el titular del Comité, Sergio Vázquez Jiménez, retomó una vez más el tema y señaló que derivado de la denuncia presentada en noviembre, el Órgano Interno de Control del Congreso de Veracruz determinó citar a los ex diputados que habrían perdonado el presunto daño patrimonial de los entes fiscalizables que resultaron con observaciones, entre ellos la Sedarpa, de Guzmán Avilés, y la Sedesol, de Indira Rosales.
El tema ha generado preocupación no sólo entre los ex diputados panistas citados, sino también entre los ex funcionarios que ya pensaban que habían librado su responsabilidad.
La cuenta pública 2017 fue votada y aprobada en octubre; sin embargo, el caso podría ser reabierto para llamar a cuentas a quienes perdonaron el presunto daño patrimonial detectado en las auditorías, lo que tiene a los ex integrantes de la Comisión de Vigilancia con el alma pendiendo de un hilo. @luisromero85
