El jueves 1º de agosto pasado fue publicado en la gaceta oficial del estado, el decreto 306, la autorización de la actual legislatura para restructurar la deuda publica, (para efectos de la Ley de Disciplina Financiera solo se considera la bancaria), de once créditos con un monto de 41 mil 769 millones de pesos.
Con esta acción estaremos hablando que en periodo de 6 años el gobierno de Veracruz habrá hecho tres restructuras, en todas; las razones son para mejorar plazo, tasa y condiciones diferenciadas en positivo a las anteriores.
El 4 de agosto de 2011 con el Decreto 289 del Congreso del Estado se autoriza al Gobernador Javier Duarte De Ochoa la reestructura de 12 mil 600 millones de pesos y un nuevo crédito por 17 mil 400 millones.
Los argumentos fueron que con la reestructura se iban a tener ahorros importantes, se mejorarían las condiciones y tendríamos capacidad para la inversión pública en infraestructura que requería la sociedad veracruzana.
Con el crédito se haría frente a los pagos con contratistas., proveedores y terceros pendiente, derivadas de la ejecución de obras, prestación de servicios y adquisición de bienes. (?????)
En esta negociación aparecieron las garantías de pago oportuno (GAPS), y con este instrumento las condiciones de hacer más conocido como convenants, que equivalen a pactos para regular la operación y la marcha de las finanzas.
Es decir, estas condiciones promueven mejorías en la estructura y gestión financiera del gobierno, desde luego para que pueda cumplir sus compromisos con los acreedores, y establecen penas y acciones de aceleración.
Claro ejemplo para la administración fue que no podía exceder el pasivo circulante en más de 3,500 millones de pesos, que significo un verdadero vía crucis para el área de contabilidad de Sefiplan.
Después de esta reestructura hubo más créditos, bajo el concepto de bonos cupón cero para cumplir con los compromisos el Fonden y mejorar el equipamiento de seguridad pública
El costo de esta reestructura se estima en 1 mil 200 millones, la cual se hizo en etapas, lo que incidió en el gasto financiero fue la colocación en 2008, 2010 y 2012 de los famosos certificados bursátiles, donde el estado habría pagado a Cofinza 3.5 y 4.5 por ciento de honorarios por realizarla, sobre un base milmillonaria, según publicación del Diario Reforma.
Destaca este medio en su publicación del martes 12 de enero de 2010, las declaraciones del secretario de finanzas del gobierno del distrito federal Mario Delgado, que en la restructura de 3 mil millones realizada por ese ente, habría pagado 0.44 por ciento de la comisión al haber licitado los honorarios.
Hechos posteriores en el estado, significaron que la deuda con proveedores y acreedores se manejara en cuentas de orden con cifras que llegaron a estar en más de 40 mil millones de pesos, pasando al cierre de administración de Javier Duarte a un decreto de reconocimiento.
En la administración del Lic. Miguel Yunes, los mismos adeudos se ubicaron en 22 mil 585 millones de pesos, habiendo formulado un acta circunstanciada hecho por la contraloría general, que hasta la fecha no se ha dado el fundamento ni la motivación para este hecho administrativo.
En la reestructura de 2017 la deuda ascendía a 46 mil 160 millones de pesos, con 11 créditos bancarios de largo plazo, dos de corto plazo y una emisión bursátil.
El monto reestructurado al 31 de diciembre de 2018 fue de 37 mil 999 millones de pesos, el asesor de este proceso fue el despacho Evenson Dodge International Inc. quien señalo:
El proceso fue exitoso, y además novedoso por ser el primero en su tipo a nivel nacional; que fue legal y constitucional; que se incluye un fideicomiso contratante con capacidad para suscribir los contratos de apertura de crédito simple con las instituciones bancarias y lo más importante: la deuda publica es indirecta, lo que mejoraría la calificación crediticia.
Lo anterior cito el consultor; permitió no caer en la insolvencia, no resolvió totalmente la crisis, pero habrá tiempo para mejorar el esquema financiero en un termino de siete años.
Los costos de la reestructura contenidos en el informe de la deuda del Orfis tienen un monto de 267.2 millones de pesos, que incluye notarios, abogados, calificadores, reestructurador, gastos de publicación, comisiones por disposición y uso de reservas.
Para esta nueva autorización la pregunta es; ¿se aplicará el 2.5 por ciento autorizado para la reestructura, sobre la base 41 mil 769 millones de pesos, incluido el crédito del FAFEF?, y si se cumplirá la oferta de liberar 4 mil 312 millones de pesos.
El tema esta autorizado; pero los cambios cuestan, seria bueno establecer un FODA y un estudio de costo- beneficio para conocimiento de la sociedad veracruzana, toda ves que la intención es buena, mejora de las finanzas de Veracruz.
JFA 11.08.19
