/ domingo 10 de marzo de 2019

Los corrosivos escándalos de nepotismo

Si el actual gobierno estatal no corrige actos fuera de la ley o aquellos que no se ajustan a elementales principios éticos, pero sobre todo les pone freno, va a reprobarlo la sociedad y estaría generando una bola de nieve que podría arrasar los bonos de confianza que obtuvo en las urnas. La sociedad reconoce aciertos, aún siendo pocos; pero también condena yerros que se cometen, que han sido muchos, y más si éstos rayan los linderos del escándalo, y a pesar de eso, en lugar de subsanarlos buscan taparse o se dejan ahí y se apuesta al olvido, lo que en tiempos anteriores, y ahora, sólo hay una manera de llamarlos: simulación. Lo anterior se señala por los casos de nepotismo descubiertos que involucran a funcionarios del primer nivel de gobierno y a diputados locales, que se ventilan públicamente en redes sociales y medios de comunicación y no han tenido una respuesta puntual y seria de las instancias encargadas de evitar esas conductas delictivas y abusos, en especial de los Órganos Internos de Control y de la Contraloría General del estado. Los casos más relevantes son en la Secretaría de Trabajo, de su titular Guadalupe Argüelles, de quien circuló un audio en el que exponía al personal de esa dependencia sus razones para nombrar a su hija Quetzalli Cárdenas en el cargo de jefa del Departamento Jurídico y Amparos, lo que fue desmentido incluso por el mandatario Cuitláhuac García Jiménez, pero sí hubo ese nombramiento y se dio marcha atrás después de toda la parafernalia que provocó. Días antes se propalaron datos y nombres de familiares y allegados del secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, que habrían sido colocados en diversos puestos en Jurisdicciones Sanitarias, pero el funcionario lo desmintió rápidamente y lo atribuyó a golpes de adversarios políticos, aunque el daño ya estaba hecho. El caso más reciente es la colocación en el gobierno estatal de siete familiares de la diputada Rosalinda Galindo Silva, presidenta de la Comisión de Hacienda del estado, como privilegio por el respaldo que brinda desde el Congreso a las iniciativas del Ejecutivo o de interés para su bancada. ¿Cuántos casos más de este tipo existen al interior del gobierno estatal? Deben ser muchos más de los que no se conocen, y reflejan una realidad común: los que van son satanizados por sus actos ilícitos y los que llegan después de criticarlos vuelven a cometer lo mismos que dijeron que combatirían. Esa erosión de la confianza pública le costó al PRI y al PAN perder en las urnas y, por lo que se observa, la nueva élite gobernante piensa que siempre durará esa confianza, que la sociedad va a tolerarles todo y que se mantendrán en el poder. La evaluación está a la vuelta de la esquina.

URGE PROTOCOLO DE RESPETO AL TRABAJO PERIODÍSTICO

El sábado, cuando cubría la nota de la detención de un presunto asaltante en la ciudad y puerto de Veracruz, el periodista Franco Cardel Sandoval, reportero de los medios informativos Vanguardia, Grupo FM y El Dictamen, fue agredido por policías navales que le exigieron entregar su teléfono celular con el que grababa y reportaba en vivo ese hecho. No lo hizo, se identificó y pidió respeto a su trabajo, y en respuesta fue sometido a la fuerza, echado de bruces a la batea de una patrulla, lo llevaron detenido y confinaron en una celda del llamado “penalito” de Playa Linda. Ese abuso fue subsanado por la intervención de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP). Sin embargo, los abusos se han vuelto recurrentes y es necesario que las autoridades, policías estatal y municipal, resuelvan la solución a estos casos. ¿Urge crear una App o código con los que sean identificados los comunicadores y, previa corroboración de que lo son, les otorguen facilidades para realizar su trabajo? Deben evitarse más abusos. Sí, al periodista se le dejó en libertad, pero se le violaron a sus derechos. Es urgente resolver este tema o los abusos continuarán, aún a sabiendas de que son flagrantes abusos. ¿Y la Comisión estatal o nacional de los Derechos Humanos, tratándose de asuntos en los que no es necesaria una queja?

Escriba a opedro2006@gmail.com

Si el actual gobierno estatal no corrige actos fuera de la ley o aquellos que no se ajustan a elementales principios éticos, pero sobre todo les pone freno, va a reprobarlo la sociedad y estaría generando una bola de nieve que podría arrasar los bonos de confianza que obtuvo en las urnas. La sociedad reconoce aciertos, aún siendo pocos; pero también condena yerros que se cometen, que han sido muchos, y más si éstos rayan los linderos del escándalo, y a pesar de eso, en lugar de subsanarlos buscan taparse o se dejan ahí y se apuesta al olvido, lo que en tiempos anteriores, y ahora, sólo hay una manera de llamarlos: simulación. Lo anterior se señala por los casos de nepotismo descubiertos que involucran a funcionarios del primer nivel de gobierno y a diputados locales, que se ventilan públicamente en redes sociales y medios de comunicación y no han tenido una respuesta puntual y seria de las instancias encargadas de evitar esas conductas delictivas y abusos, en especial de los Órganos Internos de Control y de la Contraloría General del estado. Los casos más relevantes son en la Secretaría de Trabajo, de su titular Guadalupe Argüelles, de quien circuló un audio en el que exponía al personal de esa dependencia sus razones para nombrar a su hija Quetzalli Cárdenas en el cargo de jefa del Departamento Jurídico y Amparos, lo que fue desmentido incluso por el mandatario Cuitláhuac García Jiménez, pero sí hubo ese nombramiento y se dio marcha atrás después de toda la parafernalia que provocó. Días antes se propalaron datos y nombres de familiares y allegados del secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, que habrían sido colocados en diversos puestos en Jurisdicciones Sanitarias, pero el funcionario lo desmintió rápidamente y lo atribuyó a golpes de adversarios políticos, aunque el daño ya estaba hecho. El caso más reciente es la colocación en el gobierno estatal de siete familiares de la diputada Rosalinda Galindo Silva, presidenta de la Comisión de Hacienda del estado, como privilegio por el respaldo que brinda desde el Congreso a las iniciativas del Ejecutivo o de interés para su bancada. ¿Cuántos casos más de este tipo existen al interior del gobierno estatal? Deben ser muchos más de los que no se conocen, y reflejan una realidad común: los que van son satanizados por sus actos ilícitos y los que llegan después de criticarlos vuelven a cometer lo mismos que dijeron que combatirían. Esa erosión de la confianza pública le costó al PRI y al PAN perder en las urnas y, por lo que se observa, la nueva élite gobernante piensa que siempre durará esa confianza, que la sociedad va a tolerarles todo y que se mantendrán en el poder. La evaluación está a la vuelta de la esquina.

URGE PROTOCOLO DE RESPETO AL TRABAJO PERIODÍSTICO

El sábado, cuando cubría la nota de la detención de un presunto asaltante en la ciudad y puerto de Veracruz, el periodista Franco Cardel Sandoval, reportero de los medios informativos Vanguardia, Grupo FM y El Dictamen, fue agredido por policías navales que le exigieron entregar su teléfono celular con el que grababa y reportaba en vivo ese hecho. No lo hizo, se identificó y pidió respeto a su trabajo, y en respuesta fue sometido a la fuerza, echado de bruces a la batea de una patrulla, lo llevaron detenido y confinaron en una celda del llamado “penalito” de Playa Linda. Ese abuso fue subsanado por la intervención de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP). Sin embargo, los abusos se han vuelto recurrentes y es necesario que las autoridades, policías estatal y municipal, resuelvan la solución a estos casos. ¿Urge crear una App o código con los que sean identificados los comunicadores y, previa corroboración de que lo son, les otorguen facilidades para realizar su trabajo? Deben evitarse más abusos. Sí, al periodista se le dejó en libertad, pero se le violaron a sus derechos. Es urgente resolver este tema o los abusos continuarán, aún a sabiendas de que son flagrantes abusos. ¿Y la Comisión estatal o nacional de los Derechos Humanos, tratándose de asuntos en los que no es necesaria una queja?

Escriba a opedro2006@gmail.com