Paulina es una niña xalapeña que en los últimos tres meses ha hecho un par de viajes relámpago a Estados Unidos para recibir, junto con sus padres, la doble dosis de la vacuna contra el Covid19. Lo hizo en Houston, Texas, en una tienda de autoservicio, cuya cadena cuenta con varias sucursales en el estado de Veracruz.
Ni ella ni sus papás necesitaron de recurrir a amparos, de la opinión de la OMS, ni de la sensatez de un gobierno que les ha negado ese derecho. La decisión del presidente López Obrador de no vacunar a niñas, niños y adolescentes en un rango de 12 a 17 años de edad –secundada por un servilismo vergonzante del gobierno de Veracruz- es criminal y perversa.
Por encima de la ley y la ciencia, el desvarío presidencial ha llevado al gobierno de Morena a pretender combatir en tribunales la decisión de los jueces de conceder amparos a los niños que exigen ser vacunados, y al mismo tiempo, investigar de manera facciosa el origen y la motivación de esos amparos. ¡Serénese, señor Presidente, los niños no son sus adversarios!
El 13 de agosto pasado, en la víspera del inicio de clases, López Obrador dijo que “tenemos que tomar” riesgos –así son los caminos de la vida, dijo irónicamente- y que por ello había decidido que niñas y niños volvieran a las aulas. Pero si de tomar riesgos se trata, ¿por qué no decidió tomar el riesgo de aplicar la vacuna en niños entre 12 y 17 años como ya sucede en varios países del mundo?
Ofuscado y decidido a no aceptar su error, el Presidente no ha entendido que la razón principal por la que los niños que han regresado a clases se han contagiado es simple: no están vacunados. Casi de la mitad de niños y jóvenes en este rango de edad en Estados Unidos, Francia e Italia ya recibieron al menos una dosis; la vacuna también se aplica en al menos doce países de nuestro continente, Cuba entre ellos.
En cambio, México reinició las clases sin tener siquiera las condiciones adecuadas en las escuelas ni la capacidad de atención por parte del sistema hospitalario si se llegara a presentar un brote entre los estudiantes. Los maestros tampoco han sido capacitados para el manejo clínico de los pequeños que presenten síntomas. Simplemente los regresan a casa sin realizarse prueba alguna.
Al cumplirse una semana del inicio de clases, escuelas de Coahuila, Guanajuato, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí y Morelos, públicas y privadas, han tenido que regresar a clases en línea debido a que ya se presentaron los primeros casos de Covid-19. Lo más grave es que en las escuelas públicas, el gobierno ha obligado a mantener las actividades académicas.
En Xalapa, por ejemplo, donde la secretaria de Educación, Delfina Gómez, dio inicio al ciclo escolar 2021-2021, ya se presentó el primer caso de Covid-19 entre el personal docente de una escuela secundaria.
El Presidente dijo en su conferencia del viernes pasado que ni la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni las autoridades de Salud de México recomiendan aplicar la vacuna en menores de 18 años y que dicha política debe de estar sustentada por la ciencia. Ambas afirmaciones son falsas.
En 24 de junio –es decir, hace más de dos meses- el criminal subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell festinó en redes sociales que la Cofepris autorizó el uso de la vacuna Pfizer contra el Covid-19 en menores a partir de los 12 años, y dijo que se trataba del primer biológico autorizado para adolescentes en México, lo que permitiría “seguir protegiendo al pueblo mexicano”. Hoy el Presidente lo niega.
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sí recomienda que, al igual que otros grupos de alto riesgo, a los niños con edades entre los 12 y 15 años que padecen alguna comorbilidad se les pueda ofrecer la posibilidad de vacunarse.
Esa es la razón –y no los oscuros intereses de las farmacéuticas ni la teoría del complot- que ha motivado a decenas de padres de familia a promover amparos para recibir la vacuna, sobre todo en pequeños de alto riesgo como es el caso de Zulma, otra pequeña xalapeña que cobró notoriedad nacional por la pulcritud y fortaleza con la que exigió, a partir de un amparo concedido por el Poder Judicial de la Federación, recibir la vacuna por considerarse dentro de un grupo de riesgo. A sus doce años, Zulma padece diabetes tipo 1.
La respuesta del presidente López Obrador fue poner a Zulma y al resto de las familias que han presentado amparos, del lado de sus adversarios políticos, negándoles nuevamente la posibilidad de recibir la vacuna. A López Obrador no le gustó que la pequeña exhibiera, con los propios datos de su gobierno, que se trata de una autoridad que no respeta la ley ni la vida.
Sin vacunas, el regreso a clases no se normalizará. Negar las vacunas a menores de edad es criminal y perverso. Combatirlo ante los tribunales es simplemente demencial.
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