¿En qué estabas pensando? Es una de las preguntas más simples y sin embargo, es tan abierta que las respuestas son incontrolables. Los pensamientos podrían clasificarse en grandes, como cuando alguien imagina caminos para resolver un problema grave.
Otros son preocupantes: pensar en el futuro del país, de tu estado, de tu ciudad. Comenzamos el segundo tiempo. El balón se colocó de nuevo en media cancha y comenzó el juego. Los dados mandan y las cartas juegan. Lo afirmo y reitero constantemente. La paz pública es una enorme riqueza. Poco apreciada cuando impera, redimenciona su valor cuando escasea.
La paz pública es el pilar de la convivencia. Permite y alienta el desarrollo individual y colectivo. Paz pública es libertad, confianza, armonía, valores de todos los días que hacen posible que transitemos por la vida, la única que tenemos, la de hoy y no la de un mañana eternamente lejos. La paz pública nos da libertad de elección en esos pequeños detalles que hacen la existencia, es ir a donde se quiera y a la hora que se quiera, es ensanchar el horizonte porque se sabe que no sólo en los metros cuadrados de cada casa hay seguridad, sino también en la gran casa de todos, que es el país.
Retomo aquí ideas que han sido reiteradas y parecen claves: y esta vez no por razones políticas o ideológicas.
Hoy se tambalea la paz pública porque gradualmente se ha impuesto la ruta fácil hacia el dinero. Endiosado por una combinación de causas y factores, entre los que están la presencia del tener sobre el ser y el hacer, el dinero parece la aspiración suprema. Tener es más que ser, amar pensar, crear, educar, trabajar, saber, ayudar. Esta supremacía de la posesión de bienes materiales hace que se le busque como fin sin importar los medios. Tan obsesiva es esta convicción, que se busca acumular a cualquier precio. Puesto que es más el que más tiene, hay que tener más para ser más. Al fin, en una sociedad distorsionada, el que tiene poco es poco y el que nada tiene es nada.
La importancia del verbo tener podría ser inocua, pero no lo es por dos razones: porque deforma la percepción del valor intrínseco de las personas y porque son muchos los que para tener son capaces de violentar cualquier principio.
Una sociedad puede vivir con algunos transgresores de la ley, ese porcentaje de personas que se aloja en todo grupo humano. A partir de la fuerza de todos, se pueden contener las maldades de algunos. La impunidad pavimenta la ruta, la hace transitable y hasta aspiracional. Tenemos que ser capaces de dar un vuelco a estas distorsiones. Que valga más quien más sabe, piensa y trabaja, quien más ayuda al prójimo y crea, quien más dialoga y soluciona.
Que valgan más los que actúan dentro de la ley que al margen. Que se reconozca más el esfuerzo generoso que la riqueza ilegal. Que se enaltezca más al que ayuda que al que roba. Estamos a tiempo. La paz pública se tambalea, pero sigue en pie. En otro contexto por tratarse de servidores públicos de alto nivel, deben quedar sujetos al escrutinio social; es necesario conocer si cuentan con las habilidades que les permitan cumplir con su mandato. Hace unas semanas, el INAI instruyó a la UNAM a entregar la versión pública de los títulos profesionales y actas de titulación de Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social; Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, y Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.
Lo anterior, después de que la UNAM clasificara como confidencial la información, pues se trata de datos personales que, en principio, no necesitan ser publicados, ya que darían cuenta de la vida privada de tres personas plenamente identificadas.
Es importante explicar este caso por tres razones: primero, porque esta instrucción se da derivado de que una persona presentó una solicitud en la que requirió la información, es decir, alguien que no nos importa quién ni por qué pidió esta información a la UNAM y es gracias a este tipo de solicitudes que el INAI funciona, pues nos permiten pronunciarnos respecto a si se debe o no entregar la información que las instituciones niegan.
En segundo lugar, porque la información que se solicita pertenece a tres servidores públicas, y quien se dedica al servicio público tiene una protección menor en sus datos personales que una persona privada; es decir, quienes asumimos un cargo aceptamos, directa o indirectamente, ser sujetos del escrutinio público, ya que nuestras acciones, decisiones e incluso omisiones pueden tener impacto en el correcto funcionamiento de las instituciones públicas y en la adopción e implementación de políticas públicas.
Como tercera razón para describir este caso, y ligado con lo anterior, es que, en resoluciones como ésta, es que podemos observar cómo es que ningún derecho puede ser absoluto, ya que existen circunstancias particulares que pueden disminuirlos o limitarlos.
