Cuando en agosto de 2016 la Legislatura veracruzana aprobó el nombramiento de tres nuevos magistrados, los yunistas pusieron el grito en el cielo.
Dos meses antes, el 5 de junio, Miguel Ángel Yunes propinó al PRI su primer descalabro en unas elecciones para gobernador.
En los últimos meses del duartismo, el Congreso local, con mayoría priista, aprobó los nombramientos de Patricia Montelongo, Lizbeth Hernández y Francisco Portilla como magistrados del Poder Judicial.
Los diputados panistas, al igual que la porra del yunismo, hablaron de un albazo y de la búsqueda desesperada de impunidad por parte del hoy preso del Reclusorio Norte.
En los corrillos del Legislativo se dijo entonces que Javier Duarte sabía que el siguiente Congreso de Veracruz sería dominado por el PAN-PRD y que Yunes Linares llegaría con la espada desenvainada.
De ese episodio han pasado dos años; y hoy, luego de las elecciones para gobernador del estado, la historia podría repetirse, al menos en cuanto al intento del gobernador saliente por dejar control, o al menos presencia, en el Poder Judicial.
Sólo cambian los protagonistas de la historia, pero el argumento es el mismo: un gobierno estatal que se va para que llegue otro de un partido diferente; y un intento por dejar magistrados a modo. Javier Duarte ya no ocupa la gubernatura; el Ejecutivo es Yunes Linares; el grupo legislativo predominante en el Congreso del Estado no es el PRI, sino la alianza PAN-PRD; y los panistas dejaron de ser primera fuerza para dar paso a los del Movimiento de Regeneración Nacional.
Este martes, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Edel Álvarez Peña, se refirió a la urgencia de nombrar a 12 nuevos magistrados, dijo que el asunto es “apremiante”, lo que generó reacciones de inconformidad en el partido que gobernará a Veracruz a partir de diciembre.
Duarte ya no es gobernador de Veracruz y el PAN dejará de ser la primera fuerza política del estado, pero las prácticas en el tema de los nombramientos de nuevos magistrados del Poder Judicial son muy parecidas a las de 2016.
En aquella ocasión los panistas denunciaron ese intento de Duarte por controlar el Tribunal Superior de Justicia; en ésta, son los de Morena quienes critican los nombramientos y hablan de madruguete, de albazo en el Congreso.
Yunes Linares prepara su salida y en ese camino podría incurrir en lo que tanto criticó durante la última etapa del gobierno de Duarte. Diría Neruda: “Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos”; o, como dicen en mi pueblo, los carniceros de hoy serán las reses del mañana.
LOS PRÓXIMOS MAGISTRADOS
De no cambiar los planes en los poderes Ejecutivo y Legislativo, entrará el tema a discusión hoy al Congreso. Hasta el momento los nombres que se han filtrado son los de Joaquín Rodríguez, juez de Orizaba; Marco Antonio Rodríguez Lobato, juez de control de Pacho Viejo, al igual que Alma Aleida Sosa Jiménez; José Luis Cuevas Gayosso, exdirector de la Facultad de Derecho de la UV; la jueza Claudia Reséndiz Aguilar; Lauro Hugo López Sumaya, titular de la Subsecretaría Jurídica y de Asuntos Legislativos en la Secretaría de Gobierno; Rosalba Rodríguez Rodríguez, directora del Instituto Veracruzano de la Defensoría Jurídica; Ángel Ramírez Bretón, notario público 35 y actual director jurídico del Congreso; Enoc Castelán Estrada, vinculado a la Fiscalía General del Estado, donde ocupó la Fiscalía Primera Especializada en Responsabilidad Juvenil, y Elías Moreno Azamar, consejero jurídico del gobernador, así como Javier Castellanos Chargoy, juez de Veracruz.
Por cierto, en el caso de Castellanos Chargoy, se recuerda que este personaje presentó en el último año del duartismo examen para incorporarse al notariado veracruzano; lo reprobó y como consecuencia ha solicitado tres amparos contra el resultado de su examen; en dos de esas tres ocasiones no le dieron la razón; en tanto que la tercera solicitud de amparo sigue su curso. Lo que se ignora es si de lograr una posición en el Poder Judicial, se desistirá de sus amparos.
@luisromero85
