Sí es cierto que el presidente López Obrador hizo declaraciones contradictorias: La primera, que la justicia y la ley se aplicaría a partir del nuevo régimen, lo anterior quedaría en calidad de borrón y nueva cuenta. La otra, que ningún funcionario menor es único responsable de un acto de corrupción o de cualquier otro atropello, sin el conocimiento y complicidad del jefe o funcionario inmediatamente superior, hasta la última instancia del escalafón gobernante. Bien lo ha repetido varias veces nuestro presidente: las escaleras se barren de arriba hacia abajo como la aplicación de la justicia. Verdades de a kilo, irrefutables.
Aunque hay que decirlo, porque así lo ha dicho el presidente: no se harán acusaciones irresponsables que no tengan sustento probatorio y valedero judicialmente. Es decir, que las acusaciones y los debidos procesos a los supuestos delincuentes vendrán —como dicen los abogados— en tiempo y forma, se trata de hacer justicia no un acto de venganza. Ni hablar, tiene razón. Algunos desesperados invocan y aconsejan un “quinazo” como lo hizo Salinas apenas unos días de ocupar el gobierno federal, descabezó al sindicato petrolero. Muchos podrían decir que se trató de un acto de justicia, que esos líderes no eran impolutas palomas; no, por supuesto que no, había mucho robo y transas de por medio, no sólo por parte del sindicato, sino también y más, por los funcionarios que “administran” la empresa. Lo de Salinas fue un acto de venganza contra unos “charros” sindicales incómodos que le regatearon el voto y amenazaron con dárselo a Cuauhtémoc Cárdenas. Todo mundo sabe que el sistema corrompe o hace partícipe de la corrupción a los líderes sindicales. Son engendros y protectores del sistema. Si al frente del sindicato petrolero hubiera estado un Demetrio Vallejo o un Valentín Campa no hubiera habido reforma energética peñista, ni el “huachicoleo”. En cambio, la tal reforma, es decir, la entrega de la industria petrolera a las empresas extranjeras y el “huachicoleo” se dieron con todas las facilidades legales y oficiales que los gobiernos neoliberales le dieron.
Hoy sabemos con datos duros la extensión y profundidad del robo de hidrocarburos, todavía no conocemos a los de hasta arriba, lo meros “machuchones”, que tienen los cabos de esta red que ha sangrado escandalosamente a la nación, donde están bien identificados los protagonistas: gobierno, sindicato y crimen organizado. ¿Pruebas…?, ya se investiga, se tiene el cabo de la madeja, llegará el momento del tiempo y forma para aplicar la ley. Que López Obrador actúa con aparente tolerancia y quiere aplicar sólo la justicia a los nuevos gobernantes, es entendible, en un Estado de derecho que pretende serlo, la justicia no camina con impulsos emocionales o vengativos, que desate la paranoia o histeria colectiva en la llamada clase política involucrada en la corrupción que puede ser más dañino para el país. Sí es cierto, no tengo las pruebas que den sustento legal a lo que el razonamiento más elemental nos señala. Nadie puede pinchar un ducto sin que las máquinas electrónicas o directamente el personal (sindicalizado o militarizado) se dé cuenta del hecho. Nadie puede robarse 100 pipas al día sin que los que las llenaron, sabían de su destino y su pérdida, todo esto no puede suceder sin que el personal de con fianza y sindicalizado no se diera cuenta, ni tampoco el director de Pemex, ni el Secretario de Energía, ni el Ejército, ni el señor Presidente en turno; por supuesto recibiendo la retribución debida. La única prueba que tengo es mi acta de nacimiento, que dice que no nací ayer. 50 años de interesarme por la política critica, analítica y de oposición y sobre todo, el análisis racional del robo de hidrocarburos. Y como dijo López Obrador ningún funcionario menor actúa sin la autorización y complicidad del jefe inmediato superior, hasta la última instancia: presidente, gobernador y presidente municipal.
Por eso no dudo que la justicia vendrá, Me canso ganso de que no habrá impunidad.
