El municipio de Medellín de Bravo está muy lejos de los niveles de desarrollo que registran, por ejemplo, Boca del Río o el puerto de Veracruz.
Podríamos decir que este municipio, que cuenta con unos 60 mil habitantes, es el pariente pobre de la zona conurbada.
Basta revisar los números para entender la realidad de Medellín: 44% de la población en condición de pobreza; más de 4 mil 200 personas en pobreza extrema, una cuarta parte de los habitantes, en rezago educativo, y 29%, sin acceso a los servicios de salud.
A Medellín de Bravo le falta casi todo: casi 20% de la población habita en viviendas de mala calidad y con espacio insuficiente; además, 35 de cada 100 personas de este municipio no dispone de todos los servicios básicos.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) indica que 29.7% de la población municipal presenta carencia por acceso a la alimentación, más de 18 mil personas; que el 29% no dispone de agua entubada, y que casi 9% habita en viviendas de un solo cuarto.
Por eso llama tanto la atención que mientras la población de Medellín de Bravo enfrente tantos problemas de pobreza y rezago, las autoridades municipales hayan intentado impedir el pago de la pensión universal para adultos mayores por parte del gobierno federal; pero por otro lado, también es evidente que la Secretaría del Bienestar no se ajustó a las recomendaciones del sector salud del gobierno federal en el sentido de evitar la concentración de personas; sobre todo en la zona conurbada, que es un foco rojo en materia de Covid-19, como lo establecen 18 casos confirmados y 82 sospechosos, 12 de ellos en el municipio en cuestión.
Como parte de la estrategia federal para dispersar el pago de la pensión, la Secretaría del Bienestar llevó el dinero a los municipios que no cuentan con sistema bancario, Medellín de Bravo entre ellos. El recurso fue entregado en todo el territorio veracruzano, con cientos de miles de beneficiarios, adultos mayores que recibieron la pensión incluso adelantada. Hasta ahí, todo bien. El asunto es el esquema de pagos, sobre todo en zonas de mayor contagio.
El problema al que se enfrenta la Secretaría del Bienestar es que no todos los municipios veracruzanos cuentan con bancos o cajeros automáticos; para esos casos, la dependencia federal instrumentó un esquema de pagos de mano en mano, tratando de guardar las medidas sanitarias necesarias.
El Ayuntamiento de Medellín, encabezado por Hipólito Deschamps, argumentó que se busca evitar aglomeraciones por la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, y de esa manera, impidió la entrega del citado apoyo.
El delegado del gobierno federal, Manuel Huerta, acusó al presidente municipal de Medellín de tomar ese tipo de decisiones para sacar "raja política".
A pesar de la negativa del gobierno municipal para facilitar un espacio para el pago, éste se realizó porque la gente de la Federación determinó rentar un salón social para entregar el recurso.
Sobre este asunto, dos puntos llaman la atención: primero, la falta de capacidad del Ayuntamiento para coordinarse con la Federación; y segundo, sobre todo, el hecho de que siendo la zona conurbada de alto contagio y riesgo, los representantes de la Secretaría del Bienestar hayan determinado llevar a cabo una concentración de adultos mayores, a pesar de las recomendaciones del sector salud.
