/ jueves 14 de enero de 2021

México, al borde de la anarquía con la 4T

La pandemia del Covid-19 ha traído a México una gran depresión económica, que a su vez aceleró la crisis que impera desde la llegada al gobierno de la República de la mal llamada Cuarta Transformación, promovida por la máxima autoridad política que desde Palacio Nacional todos los días impone caprichos personales para mal gobernar a un pueblo, sediento de justicia, tranquilidad y paz.

Al “imperio de la ley” varios autores lo definen como el concepto jurídico-político que tutela la legalidad, es decir, que bajo ese principio se designa a los gobernantes, quienes para saber mandar a su pueblo deben primero aprender a obedecer la voluntad de los gobernados bajo la observancia de las leyes. Lo anterior ha sido reconocido en los Estados modernos que prevalecen al triunfo de las revoluciones que derrocaron regímenes autoritarios, en donde prevalecía la voluntad del soberano por encima de la voluntad de todo un pueblo.

Desafortunadamente la desesperación comienza a destruir el orden establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en la jerarquía de normas mexicanas es considerada la ley de leyes y a la que todos estamos obligados a obedecer, tanto gobernantes como gobernados, en una coexistencia que se funda en obedecer el imperio de la ley y a la vez, hacer que se cumpla, inclusive mediante el uso de la fuerza pública.

Lo que sucede en nuestro país cuando la autoridad pone el mal ejemplo de imponer caprichos y gobernar mediante ocurrencias y promesas incumplidas, conduce a la desesperación, al caos y a la anarquía.

Los viejos principios reconocidos a la autoría del “Benemérito de las Américas”, hoy invocados por el propio AMLO, en el sentido de que “nada al margen de la ley, nadie por encima de la ley”, se han vuelto únicamente temas discursivos y han dejado de ser la base del Estado de derecho que alguna vez dio sustento a la nación mexicana.

Hoy podemos afirmar que nuestro país se encuentra cerca de la definición jurídica y política del Estado fallido, al faltarle el elemento esencial que es el respeto a las leyes por particulares y servidores públicos, que fijan los límites al ejercicio del poder público y el respeto a las libertades y los derechos humanos de la población.

Los principios reconocidos a la autoría del “Benemérito de las Américas”, se han vuelto únicamente temas discursivos.

La pandemia del Covid-19 ha traído a México una gran depresión económica, que a su vez aceleró la crisis que impera desde la llegada al gobierno de la República de la mal llamada Cuarta Transformación, promovida por la máxima autoridad política que desde Palacio Nacional todos los días impone caprichos personales para mal gobernar a un pueblo, sediento de justicia, tranquilidad y paz.

Al “imperio de la ley” varios autores lo definen como el concepto jurídico-político que tutela la legalidad, es decir, que bajo ese principio se designa a los gobernantes, quienes para saber mandar a su pueblo deben primero aprender a obedecer la voluntad de los gobernados bajo la observancia de las leyes. Lo anterior ha sido reconocido en los Estados modernos que prevalecen al triunfo de las revoluciones que derrocaron regímenes autoritarios, en donde prevalecía la voluntad del soberano por encima de la voluntad de todo un pueblo.

Desafortunadamente la desesperación comienza a destruir el orden establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en la jerarquía de normas mexicanas es considerada la ley de leyes y a la que todos estamos obligados a obedecer, tanto gobernantes como gobernados, en una coexistencia que se funda en obedecer el imperio de la ley y a la vez, hacer que se cumpla, inclusive mediante el uso de la fuerza pública.

Lo que sucede en nuestro país cuando la autoridad pone el mal ejemplo de imponer caprichos y gobernar mediante ocurrencias y promesas incumplidas, conduce a la desesperación, al caos y a la anarquía.

Los viejos principios reconocidos a la autoría del “Benemérito de las Américas”, hoy invocados por el propio AMLO, en el sentido de que “nada al margen de la ley, nadie por encima de la ley”, se han vuelto únicamente temas discursivos y han dejado de ser la base del Estado de derecho que alguna vez dio sustento a la nación mexicana.

Hoy podemos afirmar que nuestro país se encuentra cerca de la definición jurídica y política del Estado fallido, al faltarle el elemento esencial que es el respeto a las leyes por particulares y servidores públicos, que fijan los límites al ejercicio del poder público y el respeto a las libertades y los derechos humanos de la población.

Los principios reconocidos a la autoría del “Benemérito de las Américas”, se han vuelto únicamente temas discursivos.