/ jueves 6 de diciembre de 2018

México no debe pasar del derecho a la resistencia civil, a la represión oficial

Mientras en París miles de manifestantes vestidos con “chalecos amarillos” han vandalizado desde la avenida de Los Campos Elíseos hasta el Arco del Triunfo...

En una protesta enérgica por los incrementos en los precios de los carburantes, resultando cientos de lesionados por la policia antimotines y cerca de trescientos detenidos por la insurrección que el primer ministro francés Edouard Phlippe ha calificado como de peligrosidad y alerta para los habitantes de la capital francesa.

Casi seis mil fueron los manifestantes de París y en toda Francia el primer ministro estimó que serían 36 mil los manifestantes que en diversas ciudades como Nantes, Tours, Saint Etienne, Toulouse, Marsella y Burdeos demandaron bajar “los precios de la gasolina, respeto a la libertad sindical y alto al racismo”. La demanda de lo manifestantes también incluye la renuncia del presidente Macron, a quien acusan de ineptitud para gobernar por la carestía de los carburantes, que afecta directamente el bolsillo de la clase media.

Las autoridades francesas atribuyen las violentas manifestaciones a “grupúsculos de la extrema derecha radical”, aunque también ondearon banderas de organizaciones antisemitas y las pintas en comercios y en el Arco del Triunfo contienen símbolos anarquistas y anticapitalistas.

La desobediencia civil se ha considerado como un acto de transgresión a la ley y generalmente ocurre por la falta de atención del gobierno a los gobernados; en este caso, debido al descontrol de la economía nacional francesa, que produce desempleo, empobrecimiento, limitaciones y pérdidas que afectan a los ciudadanos, disminuyendo su nivel de vida.

En México, el alza en los precios de las gasolinas, el incremento en el costo de la energía eléctrica y los cobros arbitrarios por los servicios públicos han dividido a la mayoría de la sociedad en dos clases sociales: los desempleados y marginados que viven en extrema pobreza y los que luchan por conservar su trabajo para ganar el diario sustento de sus familias.

Nadie dispone ya de recursos para su esparcimiento y diversión; la esperanza de México es que nadie recurra a la violencia civil y eso depende del cumplimiento de las ofertas del presidente López Obrador, porque de lo contrario, como ocurrió en 1968, las manifestaciones de París se reproducirían en nuestro país, como ocurrió en 1968 con los trágicos sucesos de Tlatelolco.

Mientras en París miles de manifestantes vestidos con “chalecos amarillos” han vandalizado desde la avenida de Los Campos Elíseos hasta el Arco del Triunfo...

En una protesta enérgica por los incrementos en los precios de los carburantes, resultando cientos de lesionados por la policia antimotines y cerca de trescientos detenidos por la insurrección que el primer ministro francés Edouard Phlippe ha calificado como de peligrosidad y alerta para los habitantes de la capital francesa.

Casi seis mil fueron los manifestantes de París y en toda Francia el primer ministro estimó que serían 36 mil los manifestantes que en diversas ciudades como Nantes, Tours, Saint Etienne, Toulouse, Marsella y Burdeos demandaron bajar “los precios de la gasolina, respeto a la libertad sindical y alto al racismo”. La demanda de lo manifestantes también incluye la renuncia del presidente Macron, a quien acusan de ineptitud para gobernar por la carestía de los carburantes, que afecta directamente el bolsillo de la clase media.

Las autoridades francesas atribuyen las violentas manifestaciones a “grupúsculos de la extrema derecha radical”, aunque también ondearon banderas de organizaciones antisemitas y las pintas en comercios y en el Arco del Triunfo contienen símbolos anarquistas y anticapitalistas.

La desobediencia civil se ha considerado como un acto de transgresión a la ley y generalmente ocurre por la falta de atención del gobierno a los gobernados; en este caso, debido al descontrol de la economía nacional francesa, que produce desempleo, empobrecimiento, limitaciones y pérdidas que afectan a los ciudadanos, disminuyendo su nivel de vida.

En México, el alza en los precios de las gasolinas, el incremento en el costo de la energía eléctrica y los cobros arbitrarios por los servicios públicos han dividido a la mayoría de la sociedad en dos clases sociales: los desempleados y marginados que viven en extrema pobreza y los que luchan por conservar su trabajo para ganar el diario sustento de sus familias.

Nadie dispone ya de recursos para su esparcimiento y diversión; la esperanza de México es que nadie recurra a la violencia civil y eso depende del cumplimiento de las ofertas del presidente López Obrador, porque de lo contrario, como ocurrió en 1968, las manifestaciones de París se reproducirían en nuestro país, como ocurrió en 1968 con los trágicos sucesos de Tlatelolco.