No se animaron los legisladores que ya se van a eliminar el millonario subsidio que el gobierno le regala a los partidos políticos a través de prerrogativas.
Sin embargo, puede servir de consuelo que con la desaparición de partidos que no alcanzaron el mínimo de votos que establece la ley habrá un ahorro significativo, pues ni Nueva Alianza ni Encuentro Social recibirán más dinero.
Ambos partidos políticos perdieron su registro nacional al quedarse por debajo del 3% de la votación que marca la Constitución para mantenerlo.
Ayer el INE comenzó el procedimiento de liquidación de bienes de ambos institutos políticos, al tiempo que éstos dejarán de percibir el financiamiento público.
Para que se dé una idea, el INE presupuestó este año electoral más de 250 millones de pesos para actividades ordinarias del PES, a lo que hay que sumarle más de 125 millones para gastos de campaña.
En el caso del Panal fueron más de 264 millones de pesos los presupuestados para actividades ordinarias y más de 132 millones para gastos de campaña.
Encuentro Social alcanzó 2.7% en la elección presidencial, 2.3% para diputados y 2.4% para senadores; por su parte, Nueva Alianza recibió 0.9% de la votación presidencial, 2.3% para diputados y 2% para la de senadores. O sea, no alcanzaron el 3% que es el mínimo que necesitaban para conservar su registros y seguir recibiendo el recurso millonario que pagamos todos los mexicanos con nuestros impuestos.
El INE arrancó el proceso de liquidación de los dos partidos al designar a Israel Trejo Basua y Gerardo Maldonado García, respectivamente, como los encargados de realizar el proceso para liquidarlos.
El presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, Ciro Murayama Rendón, explicó que los interventores administrarán los recursos de los partidos para evitar fuga de dinero de sus cuentas, realizarán un inventario de pasivos y activos de cada partido y pagarán la nómina de los empleados.
Una vez que el Tribunal Electoral confirme la pérdida de registro deben realizar la liquidación.
A nivel estatal el consejero del OPLE, Juan Manuel Vázquez Barajas, explicó que los partidos del Trabajo y Movimiento Ciudadano no contarán con prerrogativas ordinarias como de que la votación no les favoreció y solamente contarán con financiamiento para la próxima elección de 2021.
Pero también precisó: “La prerrogativa de 2018 ya está calculada para los nueve partidos políticos, por lo que gozarán de ella hasta diciembre con independencia del resultado de la votación”.
A partir de enero Veracruz contará con siete partidos, porque perdieron su registro el PES y el Partido Nuevo Alianza (Panal), pero “PT y MC no tendrían financiamiento ordinario, sin embargo, sí lo tendrían en el caso de las elecciones de 2021, que sería financiamiento para la campaña electoral”.
Gracias a esa disposición del 3% de los votos hay dos partidos y, como consecuencia, una disminución significativa en el gasto para los institutos políticos. No es lo que demanda la gente, pero algo es algo.
Ahora, a esperar que el nuevo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador escuche también esta demanda popular de hacer menos cara la democracia para aplicar los recursos en lo que realmente se necesiten, como proyectos productivos, construcción y mantenimiento de escuelas y desarrollo de programas que impulsen la generación de empleos, porque cada vez son más los ninis.
Hay que tomar en cuenta también que una de las causas de la delincuencia es la falta de empleos, pues año tras año egresan universitarios que no pueden encontrar un empleo bien remunerado.
De mis redes sociales: sobre el tema de la propuesta que hace la Comisión Transitoria para la Integración del Anteproyecto de Ley Orgánica de la UV para que haya rector de seis años sin posibilidad de reelección, el lector José Martín @josefmartino, escribió en su cuenta de Twwiter: “En respuesta a @renédelvalleb. Cualquier acuerdo que merme la evaluación de resultados y en su caso premie con periodos largos, es impropia para una institución obligada a la mejora continua, que no a la ocurrencia. Recomendable es corresponsabilizar a los cuerpos académicos de la toma de decisiones torales”.
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