En México, todas las comisiones o fiscalías especiales creadas por el Poder Ejecutivo o el Legislativo para esclarecer o darle seguimiento a las indagatorias sobre magnicidios o crímenes políticos de alto impacto han sido un fracaso.
Ninguna pudo lograr resultados que convencieran plenamente a los familiares o correligionarios agraviados, y mucho menos a la opinión pública.
Ahí está, por ejemplo, el caso del artero crimen en 1994 del excandidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, o la que encabezó el cardenista Leonel Godoy Rangel por los homicidios de Francisco Xavier Ovando y Román Gil Heráldez, los estrategas electorales del excandidato del Frente Democrático Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas, en aquella memorable campaña presidencial de 1988.
Por eso es que la Comisión Especial que ha sido creada en el Congreso del Estado para el Seguimiento del Homicidio del diputado Juan Carlos Molina Palacios, francamente no despierta mayor expectativa de que el asesinato del exdirigente estatal de la CNC y prominente ganadero vaya a ser esclarecido y no quede impune.
La Comisión Especial es presidida el diputado priista Jorge Moreno Salinas, compadre del diputado federal del PRI, Héctor Yunes Landa, quien a su vez le unía también un gran compadrazgo con Juan Carlos.
Como secretario figura el diputado Alexis Sánchez García, mientras que José Manuel Pozos Castro, Florencia Martínez Rivera, Rodrigo García Escalante y María Josefina Gamboa Torales, fungirán como vocales. Todos de diferentes partidos y grupos legislativos.
Según el acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura local que lo crea, este órgano tiene la facultad de dar seguimiento oportuno a los trabajos de investigación de las autoridades competentes, con pleno respeto a su autonomía y esfera de competencia, en torno al crimen ocurrido el 9 de noviembre en el rancho Rosa del Alba, ubicado en el municipio de Medellín.
Habrá que ver si logran conseguir su cometido, pues hasta ahora Marcela Aguilera Landeta, titular de la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales de la Fiscalía General del Estado, pese a su gran cercanía con Molina, tampoco ha podido avanzar mucho en el esclarecimiento del crimen del exdirigente cenecista.
¿Será tan complicado dar con los autores materiales e intelectuales de este homicidio, ejecutado en el interior del rancho de Molina Palacios que era una verdadera fortaleza, custodiada permanentemente por vigilantes con armas de alto poder? ¿Por qué nadie repelió el ataque a su patrón ni hubo más muertos o heridos? ¿Quién sabía que ese día el diputado no conducía la camioneta blindada que regularmente usaba? ¿Por qué la extraña pasividad de sus familiares más cercanos, quienes no exigen justicia pronta y expedita, como los LeBarón por sus mujeres y niños masacrados en el municipio de Bavispe, Sonora?
A ver si los diputados logran pronta respuesta a estas y otras interrogantes.
