Durante estos 26 años de trayectoria en política la decisión de no aceptar cargo que no estuviera cimentado en el respaldo popular a través de las urnas ha sido una constante. Considero que son los ciudadanos los que dan o quitan, con base en resultados, aunque en muchos casos la calificación de un proyecto sea producto más de variables externas que de matices propios del aspirante en cuestión. Sin embargo defiendo el postulado de que la gente no se equivoca cuando emite su decisión en los comicios, más allá del resultado, favorezca o no.
De las ocasiones en que tuve el honor de participar en legislaturas locales o federales, cinco entre el Congreso de Veracruz y ambas Cámaras en el Congreso de la Unión, sólo en dos de ellas el partido en el que milito detentaba alguno de los niveles de Gobierno con decisión sobre los presupuestos públicos. Es decir, mi desempeño legislativo en materia de gestión generalmente ha sido desde la que se denomina oposición. En todas las demás tuve la oportunidad de generar gestiones exitosas de inversión pública.
No me arrepiento de haber votado a favor propuestas emitidas por Gobiernos distintos en plataforma de origen al mío, cuando se me ha demostrado en los hechos que la iniciativa en cuestión es necesaria para la vida pública, máxime en materia de finanzas. Esto no ha sucedido hasta ahora en la sexagésimo quinta Legislatura, particularmente porque las iniciativas en materia de finanzas, por lo que hace al presupuesto de egresos o las leyes secundarias que rigen la vida económica del sector público o privado, considero no han sido lo suficientemente revisadas y se aprueban sin debate alguno al cobijo de una mayoría parlamentaria.
Entre algunas de ellas considero que haber dotado de facultades extrajudiciales a la Unidad de Inteligencia Financiera para el bloqueo de cuentas bancarias de particulares, la de modificar los factores para el cálculo de pago de servicios en materia de deuda pública por parte de los entes gubernamentales, o la de la cobranza delegada, representan más una línea de pensamiento afín al sistema en el poder que a requerimientos claros de una sociedad que observa cómo tras haber transitado ya más de la mitad de periodo de Gobierno aún hay muchos compromisos asumidos públicamente sin respuesta.
Restan a partir de hoy 931 días de la administración del gobierno federal, y si bien se han generado avances en algunos rubros, particularmente de aquellos sectores desprotegidos que se han visto beneficiados por programas asistenciales que palían sus carencias, hay sectores como el de salud en el que no hay un horizonte claro para resolver el abasto de medicamentos, implementos y mejorar su servicio.
En el tintero quedó la política de no incrementar el precio de los energéticos, la saturación de operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la búsqueda de fuentes de energía alternativa, la protección de medio ambiente, el respeto a la libertad de expresión, el gobierno incluyente, el rescate de las seis refinerías en operaciones, la descentralización gubernamental hacia el resto del país, la venta del avión presidencial, no gastar más de lo que ingresa la Hacienda pública, el implementar un programa de fertilizantes adecuado o no remodelar espacios de oficinas administrativas en aras de la austeridad, esto por mencionar alguno de los rubros.
La sociedad puede esperar, sin duda. Es la paciencia y la esperanza la que inyecta ánimo, pero el tiempo no espera a nada ni a nadie, ese es el problema.
(*) Diputado federal. PRI
