Aunque no hay quiebra declarada ni cierre definitivo, ayer suspendió indefinidamente sus actividades otro emblemático negocio del puerto de Veracruz: El Gran Café de la Parroquia del Centro.
Hecho que se agrega al caso del café-restaurante de 40 años de tradición La Merced que, éste sí, bajó definitivamente sus cortinas a principios de este mes, agobiado por la presión de pagos de luz, agua, seguro social, impuestos, sueldos y otros servicios necesarios para su funcionamiento. En este caso, Fernando Fernández Ceballos, dueño de la empresa GCLP, pagó liquidaciones a 40 empleados meseros, cocineros, personal de limpieza y administrativo, algunos con más de 30 años de antigüedad, después de tres meses de aguantar la crisis generada por la pandemia y ante la imposibilidad de seguir pagando sueldos y hacer frente a otros compromisos. Mejor que pagar sueldos consideró liquidar a los trabajadores y una vez que pase la emergencia, poder reabrir y volver a contratarlos. Fue un acuerdo justo, tuvo capacidad económica para cumplir con el compromiso de respetar los derechos de su plantilla laboral. Otros medianos o pequeños empresarios no podrían haberlo hecho, la mayoría vive al día, y los "guardaditos" que pudieron tener ya lo agotaron o están por agotarlo. No se desea que un solo negocio más deje de existir, pero son fuentes de empleo que agonizan, según han planteado los dirigentes de las organizaciones patronales que han clamado auxilio en el desierto, y aunque algunos han reabierto, están sujetos a limitaciones que establecen los estrictos protocolos sanitarios que se aplican por los distintos niveles de gobierno para evitar más contagios y salvar vidas. Cientos o miles de establecimientos de diversos giros ni eso, y es previsible que no vuelvan a abrir si no hay un plan que los salve de morir por inanición. Es la realidad que ya se vive, y es difícil hacer previsiones prometedoras. Simplemente hay cargas para los emprendedores, los medianos y pequeños empresarios, y sólo algunos, los menos, han recibido respaldo oficial.
EXTRAÑO CASO DE CORRUPCIÓN Y CRIMEN
La detenciones realizadas ayer por la Fiscalía General del estado en el puerto jarocho y en la capital del estado, de dos empresarios y una cercana colaboradora de la directora de la Comisión Nacional del Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, enrareció el asunto de probable corrupción que se ventila tanto en la FGE, como en la Secretaría de la Función Pública, por una acusación por la presumible extorsión de 2.5 millones de pesos a la empresa Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad SA (CIMCSA) y cuyo caso destapó una caja de pandora con un intento de ejecución contra los acusadores hace mes y medio en Boca del Río y, ahora también se conoce, que la desaparición del mensajero que presumiblemente recibió el importe del soborno. Todo un enredo.
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