/ martes 2 de junio de 2020

Muerte, desempleo y corrupción: la nueva normalidad

Los caciques campiranos siempre han estado presentes en el medio rural, donde disponen de “vidas y haciendas” de los trabajadores del campo y de sus familias; en cambio, los caciques de cuello blanco son los que disponen y deciden por los habitantes de las ciudades medias. Los hombres fuertes de cada lugar (como se les identifica) usurpan la voluntad de los habitantes del conglomerado social, a pesar de que la Constitución federal, en sus artículos 39 y 41, disponen que la soberanía radica en el pueblo y éste la ejerce a través de las autoridades federales y locales.

Resulta evidente que el gobierno no resistió la presión de los caciques, quienes controlan la actividad económica y dependen las fuentes de trabajo, para haber aceptado el riesgo de muerte que representa regresar a laborar sin que la curva de contaminación del coronavirus se haya “aplanado”. Es por ello que las manifestaciones de quienes han sido despedidos (que ya se cuenta medio millón de personas) se hayan respondido con la apertura de negocios para que busquen su diario sustento.

Por tanto, si el presidente López Obrador y el doctor López-Gatell disponen el regreso a “la nueva normalidad”, el pueblo obedecerá aunque se reporte el semáforo rojo en todo el país y se informe de la muerte de diez mil mexicanos y haya 100 mil contagiados a causa del Covid-19.

Finalmente, resulta extraño que cuidadoso en asuntos de “corrupción” como ha sido AMLO, no haya ido a fondo para aclarar los señalamientos en contra de la secretaria de Energía, Norma Rocío Nahle García, nativa de Zacatecas y abierta aspirante a la gubernatura de Veracruz junto con el defenestrado exdirector de Aduanas.

A Rocío Nahle se le involucró en un incidente del relleno sanitario de Chinameca; se le criticó por su actuación en la junta de la OPEP, que representó un quebranto multimillonario a Pemex, así como en el combate a las energías limpias para ayudar a Manuel Bartlett, titular de la CFE. Se le señaló de apoyar a sus “sobrinos” en la venta de ventiladores al IMSS, para atender la pandemia, y la última acusación a Nahle es por favorecer a su compadre Arturo Quintanilla Hayek, a través de un contrato, para la refinería de Dos Bocas, por la suma de 4 mil 968 millones de pesos.

¿Qué más falta para que desde Palacio Nacional regresen al Senado a la titular de la Sener, para preparar su proyecto político?, que con estos antecedentes no será nada fácil.

Los caciques campiranos siempre han estado presentes en el medio rural, donde disponen de “vidas y haciendas” de los trabajadores del campo y de sus familias; en cambio, los caciques de cuello blanco son los que disponen y deciden por los habitantes de las ciudades medias. Los hombres fuertes de cada lugar (como se les identifica) usurpan la voluntad de los habitantes del conglomerado social, a pesar de que la Constitución federal, en sus artículos 39 y 41, disponen que la soberanía radica en el pueblo y éste la ejerce a través de las autoridades federales y locales.

Resulta evidente que el gobierno no resistió la presión de los caciques, quienes controlan la actividad económica y dependen las fuentes de trabajo, para haber aceptado el riesgo de muerte que representa regresar a laborar sin que la curva de contaminación del coronavirus se haya “aplanado”. Es por ello que las manifestaciones de quienes han sido despedidos (que ya se cuenta medio millón de personas) se hayan respondido con la apertura de negocios para que busquen su diario sustento.

Por tanto, si el presidente López Obrador y el doctor López-Gatell disponen el regreso a “la nueva normalidad”, el pueblo obedecerá aunque se reporte el semáforo rojo en todo el país y se informe de la muerte de diez mil mexicanos y haya 100 mil contagiados a causa del Covid-19.

Finalmente, resulta extraño que cuidadoso en asuntos de “corrupción” como ha sido AMLO, no haya ido a fondo para aclarar los señalamientos en contra de la secretaria de Energía, Norma Rocío Nahle García, nativa de Zacatecas y abierta aspirante a la gubernatura de Veracruz junto con el defenestrado exdirector de Aduanas.

A Rocío Nahle se le involucró en un incidente del relleno sanitario de Chinameca; se le criticó por su actuación en la junta de la OPEP, que representó un quebranto multimillonario a Pemex, así como en el combate a las energías limpias para ayudar a Manuel Bartlett, titular de la CFE. Se le señaló de apoyar a sus “sobrinos” en la venta de ventiladores al IMSS, para atender la pandemia, y la última acusación a Nahle es por favorecer a su compadre Arturo Quintanilla Hayek, a través de un contrato, para la refinería de Dos Bocas, por la suma de 4 mil 968 millones de pesos.

¿Qué más falta para que desde Palacio Nacional regresen al Senado a la titular de la Sener, para preparar su proyecto político?, que con estos antecedentes no será nada fácil.