/ miércoles 8 de agosto de 2018

Necesaria reingeniería en el PJE

No todo lo que se puede, se debe; menos en política. A nivel federal ha sido patente la cortesía del presidente de la República en funciones con el electo; imitar esta conducta no implica rendir la plaza, es tersura de formas entre pugilistas profesionales quienes al final del combate se abrazan. A nivel local ya se vio la polvareda que levantó el nombramiento del fiscal anticorrupción. En estos días se habló de dar un paso más: la designación de 12 magistrados del Poder Judicial del Estado (PJE); sin embargo, anteayer el propio gobernador dijo que, aun estando en su derecho, no haría propuesta alguna. Bien. Después de todo, si durante más de medio año algunas salas colegiadas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) han funcionado con un solo magistrado titular y dos interinos, de ello se desprende que no hay urgencia alguna. Por otro lado, esto permite meditar sobre lo siguiente: como lo expusimos en este espacio a principios de año, en 2017, según datos oficiales, cada una de las salas penales “resolvió del sistema tradicional de justicia (cuentas mías) 812 asuntos en 10 meses y medio de trabajo, ya descontadas las vacaciones, de donde resulta una media de 25.7 asuntos por mes y magistrado… por cuanto hace a las audiencias orales cada magistrado tuvo a su cargo 52 de ellas…”; auxiliados cada magistrado por tres proyectistas y sus respectivos secretarios”. Entonces debe pensarse seriamente en la disminución del número de salas colegiadas penales; otro análisis merecería el trabajo de las salas civiles. Por cuanto hace a la Sala Constitucional, el mayor volumen de trabajo provenía de las averiguaciones previas y carpetas de investigación, empero, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales ya no tiene injerencia en esos temas. Los otros que sí le conciernen —la mayoría— conforme a la Constitución Política local y la Ley Orgánica del Poder Judicial, han sido muy pocos en 18 años de existencia de dicha sala. Para informarse de todo esto, basta leer los informes anuales rendidos por los presidentes del TSJ. La Sala Constitucional bien podría pasar de colegiada a unitaria.

En fin, la renovación del PJE y en particular del Tribunal Superior de Justicia debe pasar no sólo por el cambio de magistrados, sino por una reingeniería de la institución en su conjunto, que ponga lupa en su calidad profesional y ética y haga más eficiente su funcionamiento para bien de la sociedad veracruzana.

evaz2010@hotmail.com


No todo lo que se puede, se debe; menos en política. A nivel federal ha sido patente la cortesía del presidente de la República en funciones con el electo; imitar esta conducta no implica rendir la plaza, es tersura de formas entre pugilistas profesionales quienes al final del combate se abrazan. A nivel local ya se vio la polvareda que levantó el nombramiento del fiscal anticorrupción. En estos días se habló de dar un paso más: la designación de 12 magistrados del Poder Judicial del Estado (PJE); sin embargo, anteayer el propio gobernador dijo que, aun estando en su derecho, no haría propuesta alguna. Bien. Después de todo, si durante más de medio año algunas salas colegiadas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) han funcionado con un solo magistrado titular y dos interinos, de ello se desprende que no hay urgencia alguna. Por otro lado, esto permite meditar sobre lo siguiente: como lo expusimos en este espacio a principios de año, en 2017, según datos oficiales, cada una de las salas penales “resolvió del sistema tradicional de justicia (cuentas mías) 812 asuntos en 10 meses y medio de trabajo, ya descontadas las vacaciones, de donde resulta una media de 25.7 asuntos por mes y magistrado… por cuanto hace a las audiencias orales cada magistrado tuvo a su cargo 52 de ellas…”; auxiliados cada magistrado por tres proyectistas y sus respectivos secretarios”. Entonces debe pensarse seriamente en la disminución del número de salas colegiadas penales; otro análisis merecería el trabajo de las salas civiles. Por cuanto hace a la Sala Constitucional, el mayor volumen de trabajo provenía de las averiguaciones previas y carpetas de investigación, empero, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales ya no tiene injerencia en esos temas. Los otros que sí le conciernen —la mayoría— conforme a la Constitución Política local y la Ley Orgánica del Poder Judicial, han sido muy pocos en 18 años de existencia de dicha sala. Para informarse de todo esto, basta leer los informes anuales rendidos por los presidentes del TSJ. La Sala Constitucional bien podría pasar de colegiada a unitaria.

En fin, la renovación del PJE y en particular del Tribunal Superior de Justicia debe pasar no sólo por el cambio de magistrados, sino por una reingeniería de la institución en su conjunto, que ponga lupa en su calidad profesional y ética y haga más eficiente su funcionamiento para bien de la sociedad veracruzana.

evaz2010@hotmail.com