Las leyes, normas o reglamentos pueden ser generales: disímbolas en quien las aplica y heterogéneas en quien las debe observar.
Un caso específico es el artículo 115 constitucional que está referido a los municipios como base del estado, con atribuciones definidas, que son el contacto con la población y la primera autoridad como referencia.
Lo cierto es que los municipios son diferentes en lo económico y en población, la diferencia es importante, desde usos y costumbres hasta San Pedro Garza García de Nuevo León, por no decir el puerto de Veracruz; que a decir de la población, es diferente.
Todos los municipios tienen las mismas atribuciones y deberes, dentro de estos últimos: proporcionar servicios básicos de vida, como el agua y la seguridad; otros importantes, limpia, basura y alumbrado, por citar algunos.
En la actualidad la liga entre seguridad y alumbrado se hace necesaria y hasta indisoluble, tema que hasta aquellos municipios con los mejores recursos económicos y humanos requieren del apoyo de la Federación, hasta el estado como entidad federativa se ve superado por satisfacer estos conceptos.
El último de la cadena es la población, si estos satisfactores se prestan bien, habrá condiciones para el trabajo y desarrollo económico, cuando no se satisfacen racionalmente, se inhibe la inversión y coarta el progreso.
Retomo el tema de alumbrado público, servicio a cargo de los ayuntamientos, salvo excepciones éste es deficiente, en lo tecnológico, en la calidad y en lo económico.
El alumbrado es parte del avance tecnológico: de vapor de sodio a led, de consumo de energía por cable a limpia a través de paneles solares.
En cualquier avance hay que gastar o invertir, demanda cantidades atípicas no disponibles en los municipios, por lo cual generalmente se va a financiamientos, esto ha sucedido a través del tiempo, bajo el patrón. “Con el ahorro lo pagas”.
En este esquema se mueven proveedores y contratistas, en el pasado era Banobras quien fomentaba el cambio con un programa de fondo perdido, ahora es la CONUEE.
Sin lugar a dudas el cambio es permanente y a finales de 2017 aparece en Veracruz un nuevo concepto disfrazado de Asociación Pública Privada; a la iluminación le adicionan el mantenimiento, que significa más tiempo en el presupuesto y desde luego el mismo concepto impera: “Con el ahorro lo pagas”.
Los tiempos para su implementación requerían prontitud, el periodo de los ayuntamientos estaba en el último año y en algunos casos en el segundo semestre, o sea, a meses de terminar, el tiempo constitucional.
Para nadie es desapercibido que los ayuntamientos constituyen la tercera administración pública, que gozan de autonomía, pero que mantienen dependencia normativa y política con el Poder Legislativo y en la última con el Ejecutivo estatal.
El escenario era propicio para el cambio de luminarias y su mantenimiento; una administración que se va, un congreso que también se va, dispuesto y un apoyo superior para su realización.
Así aparecen cinco empresas (posteriormente hay más) en el informe del ORFIS 2017 (Pag. 211): NL Tecnologies SA de CV; Proveeduría de Bienes Tecnología, PBT SA de CV; RS Instalaciones y Proyectos SA de CV; Industrias SOLA BASIC SA de CV; AC Tenologic, SA de CV, bajo el esquema de Asociación Publica Privada.
Con periodos con un mínimo de 10 años, hasta 12 y 15 años máximo, el valor reportado por el Órgano de Fiscalización es el inicial, 608 millones de pesos; porque falta el segundo tramo: más luminarias y mantenimiento con cifra millonarias.
El compromiso lo firman los que se van; ponen sus objeciones los que llegan, en la mayoría de los casos instalan luminarias en una primera etapa.
En una segunda tienen programada, lea usted bien, wifi público gratuito, cámaras de seguridad ubicadas en los principales sitios de conflicto, el control se establece en el C4; oficinas de atención por parte de la empresa en plaza, centro de atención telefónica para recibir reportes de atención y quejas; un concepto nuevo con el mejor de los propósitos; primer mundo.
¿Qué ha pasado?
Procesos inconcluso derivados de la autorización del Congreso y de los términos del contrato, como es: adhesión al fideicomiso de administración y fuente de pago, cumplimento a la ley de Disciplina Financiera (se trata de un crédito con el paraguas de Asociación Pública Privada), de la autorización del Orfis y de la Secretaría de Finanzas, indispensable contar con un balance presupuestal que permita contratar el crédito, se dan como fuente de pago las participaciones federales.
Para ello las empresas ya tienen un pie adentro, firmaron contrato, con todas las ventajas, con las complacientes autoridades que se fueron, dejándoles un paquete multianual millonario a los que llegan, además de incumplir con requerimientos que dejaron pendientes, ejemplo:
Operaciones hechas a la carrera, con actas de cabildo exprés, con numerales bis con fe de erratas, en el caso de Tuxpan el informe del Orfis dice que le pusieron hasta el nombre de Cosamaloapan como contratante; en fin, hay que hacer negocio.
El punto es ¿quién defiende a los municipios, el H. Congreso tendría que revisar esta autorización, si se cumple “Que con el ahorro Pagas”, si los proveedores cumplen con lo que ofrecieron, pusieron luminarias con la calidad y la capacidad ofertada, se cuenta con infraestructura para el mantenimiento, verificar si es un préstamo, se dice que hay tabla de amortización o corrida financiera dentro de los anexos al contrato.
Hasta ahora parece un negocio a largo plazo, con ayuntamientos a la deriva, pero quien debe recibir el beneficio está expuesto a que de un momento a otro le apaguen la luz y aumente la inseguridad.
Ante escenarios como éste, ¿quién defiende a los municipios, a merced de actos de poder con economías débiles?, hasta ahora deambulan en la orfandad, ojalá acuda en su apoyo el Congreso y el nivel político superior.
