/ miércoles 5 de agosto de 2020

Ni la 4T tiene derecho a desviar el trayecto educativo de México

Para un gobierno instituido que busca controlar a la población y dominarla para perpetuarse por tiempo indefinido en el poder, más allá de los periodos establecidos en la Constitución, nada mejor resulta que el uso de los medios electrónicos en tareas educativas, que se justifican ahora por la obligada “sana distancia”, considerada indispensable para reducir los contagios del coronavirus.

El anuncio de la firma del convenio entre el gobierno federal y los concesionarios de casi todas las televisoras del país, obliga a reordenar su programación para destinar el tiempo necesario a la difusión de las clases por televisión y radio, que se iniciarán el próximo día 24 de este mes. Esteban Moctezuma, secretario de Educación, condiciona la actividad presencial al cambio de semáforo rojo al color verde y ello obliga al gobierno a implementar programas de educación a distancia para 30 millones de niños y jóvenes, en tanto dure la pandemia.

El programa “aprende en casa”, implementado por la SEP se transmitirá durante los siete días de la semana y a pesar de la cobertura que se pretende para minimizar la deserción escolar, se estima que 1.4 millones de estudiantes, abandonarán su formación educativa.

Hay que luchar por interés nacional, que México siga siendo democrático e institucional, evitando que se imponga una “telecracia”, mediante el desvío de los programas educativos hacia la promoción del ideario político del partido Morena. Y hay que impedir también, la promoción de imágenes de personajes de la vida Pública identificados con el Gobierno; desde el Presidente de la República, su gabinete, gobernadores, diputados y senadores, alcaldes y hasta el último regidor municipal. No hay que olvidar que algunos políticos tergiversan y ensucian hasta la más noble tarea, en este caso la de la educación.

Hay que tener presente el artículo tercero constitucional que establece para toda persona el derecho universal a la educación, y que la educación que imparta el Estado, debe ser laica, ajena a cualquier doctrina religiosa; será democrática, gratuita y buscará fomentar en el ser humano, el constante mejoramiento económico, social y cultural de la población. Los planes y programas de estudio, serán de calidad y fomentarán el nacionalismo, la independencia política y económica, acrecentando nuestra cultura y sus raíces históricas.

Si vamos mal en salud, economía y seguridad, esperamos ir bien en educación.

Para un gobierno instituido que busca controlar a la población y dominarla para perpetuarse por tiempo indefinido en el poder, más allá de los periodos establecidos en la Constitución, nada mejor resulta que el uso de los medios electrónicos en tareas educativas, que se justifican ahora por la obligada “sana distancia”, considerada indispensable para reducir los contagios del coronavirus.

El anuncio de la firma del convenio entre el gobierno federal y los concesionarios de casi todas las televisoras del país, obliga a reordenar su programación para destinar el tiempo necesario a la difusión de las clases por televisión y radio, que se iniciarán el próximo día 24 de este mes. Esteban Moctezuma, secretario de Educación, condiciona la actividad presencial al cambio de semáforo rojo al color verde y ello obliga al gobierno a implementar programas de educación a distancia para 30 millones de niños y jóvenes, en tanto dure la pandemia.

El programa “aprende en casa”, implementado por la SEP se transmitirá durante los siete días de la semana y a pesar de la cobertura que se pretende para minimizar la deserción escolar, se estima que 1.4 millones de estudiantes, abandonarán su formación educativa.

Hay que luchar por interés nacional, que México siga siendo democrático e institucional, evitando que se imponga una “telecracia”, mediante el desvío de los programas educativos hacia la promoción del ideario político del partido Morena. Y hay que impedir también, la promoción de imágenes de personajes de la vida Pública identificados con el Gobierno; desde el Presidente de la República, su gabinete, gobernadores, diputados y senadores, alcaldes y hasta el último regidor municipal. No hay que olvidar que algunos políticos tergiversan y ensucian hasta la más noble tarea, en este caso la de la educación.

Hay que tener presente el artículo tercero constitucional que establece para toda persona el derecho universal a la educación, y que la educación que imparta el Estado, debe ser laica, ajena a cualquier doctrina religiosa; será democrática, gratuita y buscará fomentar en el ser humano, el constante mejoramiento económico, social y cultural de la población. Los planes y programas de estudio, serán de calidad y fomentarán el nacionalismo, la independencia política y económica, acrecentando nuestra cultura y sus raíces históricas.

Si vamos mal en salud, economía y seguridad, esperamos ir bien en educación.