El crecimiento anárquico y sin servicios públicos de urbanización son el resultado de la corrupción que propicia la impunidad a los invasores, especialmente a sus líderes, quienes amparados con credenciales de afiliación a cualquier asociación o partido político son atendidos por autoridades gubernamentales, especialmente del ámbito municipal.
Jamás se ha aplicado alguna ley que sancione la venta de terrenos que carecen de drenaje, banquetas, guarniciones, pavimento, energía eléctrica, agua potable y rutas de transporte público.
Esto sucede en la periferia de las grandes ciudades, donde todos los días se cometen violaciones, homicidios dolosos, secuestros y feminicidios al por mayor, por la tolerancia de los fraccionamientos irregulares, que además de la falta de esos servicios públicos permanecen a oscuras y sin vigilancia policiaca.
En diversos lugares del país han sucedido hechos sangrientos que momentáneamente llaman la atención, pero pasado el tiempo se olvidan los hechos y mediante dádivas económicas se encubre a los responsables, a los manipuladores y patrocinadores de quienes dirigen las invasiones en medio de la tolerancia oficial.
Hoy medios de comunicación informan de algunas muertes a causa del coronavirus y se menciona a Guadalupe Buendía Torres (“La Loba”), quien hace más de 20 años fuera líder de la OPC en el municipio de Chimalhuacán, invasora profesional de terrenos, amparada con credenciales apócrifas de gobierno, surgida en los años 80.
“La Loba” siempre se ostentó como protegida del profesor Carlos Hank González y de sus cercanos Ignacio Pichardo Pagaza, Emilio Chuayffet y César Camacho, quienes gobernaron en su momento el Estado de México y utilizaron a Guadalupe en el acarreo de “agremiados” para sus campañas políticas.
En el año 2000, en un conflicto entre los partidarios de “La Loba” contra las bases de Antorcha Campesina, armados de ambos bandos se enfrentaron y dejaron un saldo de diez muertos y 50 heridos, por lo que “La Loba” fue sentenciada a 50 años de prisión, de los cuales sólo alcanzó a cumplir 20 años en el penal del Altiplano.
Esperamos que el mal ejemplo de Guadalupe Buendía Torres (q.e.p.d.) sirva a los líderes y socios malandrines, así como a las autoridades municipales, que han olvidado que “no hay crimen sin castigo”.
