/ domingo 14 de julio de 2019

No minimizar el caso de Baja California, ni romper el Pacto Federal

Mientras Porfirio Muñoz Ledo propone la desaparición de poderes en Baja California, por la violación constitucional en que incurrió la legislatura local de esa entidad, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, fija una posición conciliadora y rechaza la ingerencia de la Federación en ese tema. Pero Muñoz Ledo propone además la inhabilitación del gobernador electo Jaime Bonilla y la repetición de las elecciones, que tendría que ser convocada por un gobernador interino nombrado por el propio congreso de esa entidad.

No es posible que por encima de la Constitución Política de la República el congreso de una entidad cualquiera pretenda modificar una de las decisiones políticas fundamentales, que data de 1824 y que se ha mantenido vigente hasta la actualidad. Martí Batres, presidente del Senado, se pronunció en términos similares a los de Muñoz Ledo, agregando que la ampliación del mandato del gobernador de Baja California, de dos a cinco años, resultaría gravísima, pues sería equivalente a una ruptura con la Federación y el Pacto Federal.

Martí Batres señaló que entre las opciones para echar atrás la reforma de Baja California se encuentra la controversia constitucional, que incluso se podría plantear de manera conjunta por las dos cámaras del Congreso y también podría interponerla cualquier interesado. Respecto a lo dicho por Monreal Ávila, de caer en un proceso ingerencista, violando la soberanía el estado de Baja California, pero aceptó que los inconformes podrían recurrir al artículo 76, fracción 5a. de la Constitución, que establece la desaparición de poderes.

Sólo basta esperar la publicación de la mentada reforma constitucional de Baja California, para que los inconformes interpongan los recursos a que haya lugar, para conocer también la opinión definitiva de la Suprema Corte de Justicia, que en última instancia pondría fin al debate suscitado por el Congreso local de Baja California, que ha pisoteado la voluntad política de los bajacalifornianos.

Hay que recordar que el pasado proceso electoral convocó a votar por un gobernador de dos años, saliendo victorioso por abrumadora mayoría el candidato de Morena, Jaime Bonilla. Pero de ahí a que le aumenten tres años más, para ser un gobernador de cinco, dista mucho y no le alcanzan a los diputados locales, sus facultades y atribuciones, para romper con el pacto federal.

Mientras Porfirio Muñoz Ledo propone la desaparición de poderes en Baja California, por la violación constitucional en que incurrió la legislatura local de esa entidad, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, fija una posición conciliadora y rechaza la ingerencia de la Federación en ese tema. Pero Muñoz Ledo propone además la inhabilitación del gobernador electo Jaime Bonilla y la repetición de las elecciones, que tendría que ser convocada por un gobernador interino nombrado por el propio congreso de esa entidad.

No es posible que por encima de la Constitución Política de la República el congreso de una entidad cualquiera pretenda modificar una de las decisiones políticas fundamentales, que data de 1824 y que se ha mantenido vigente hasta la actualidad. Martí Batres, presidente del Senado, se pronunció en términos similares a los de Muñoz Ledo, agregando que la ampliación del mandato del gobernador de Baja California, de dos a cinco años, resultaría gravísima, pues sería equivalente a una ruptura con la Federación y el Pacto Federal.

Martí Batres señaló que entre las opciones para echar atrás la reforma de Baja California se encuentra la controversia constitucional, que incluso se podría plantear de manera conjunta por las dos cámaras del Congreso y también podría interponerla cualquier interesado. Respecto a lo dicho por Monreal Ávila, de caer en un proceso ingerencista, violando la soberanía el estado de Baja California, pero aceptó que los inconformes podrían recurrir al artículo 76, fracción 5a. de la Constitución, que establece la desaparición de poderes.

Sólo basta esperar la publicación de la mentada reforma constitucional de Baja California, para que los inconformes interpongan los recursos a que haya lugar, para conocer también la opinión definitiva de la Suprema Corte de Justicia, que en última instancia pondría fin al debate suscitado por el Congreso local de Baja California, que ha pisoteado la voluntad política de los bajacalifornianos.

Hay que recordar que el pasado proceso electoral convocó a votar por un gobernador de dos años, saliendo victorioso por abrumadora mayoría el candidato de Morena, Jaime Bonilla. Pero de ahí a que le aumenten tres años más, para ser un gobernador de cinco, dista mucho y no le alcanzan a los diputados locales, sus facultades y atribuciones, para romper con el pacto federal.