Los gobiernos municipales de Veracruz y Orizaba decidieron hacer obligatorio el uso del cubrebocas y aplicar multas y medidas de apremio a quienes no cumplan con esta disposición que tiene como propósito proteger a la población de la propagación de contagios del virus causante del Covid-19.
En el país, pocas municipalidades lo han hecho, Ecatepec, la más reciente, en el estado de México; el resto, Xalapa, por ejemplo, no lo harán, y sus autoridades sólo se limitarán al exhorto ciudadano para usarlos. Los actos de estas municipalidades podrían resultar molestos para unos cuantos, sobre todo habiendo ciudadanos refractarios a este tipo de obligaciones, arguyendo el derecho que tienen para decidir, aunque su negativa se convierte un potencial riesgo para toda la demás población. No hay ley que los obligue, ni comunicación eficaz de la necesidad de hacerlo; más aún, sobran los malos ejemplos, desde el propio presidente Andrés Manuel López Obrador que ha sido reacio al uso de la mascarilla aún habiéndose contagiado en dos ocasiones, hasta el zar de la pandemia, Hugo López Gatell, con idéntica actitud y mensajes ajenos a la lógica y la ciencia, cuya gestión puede medirse en los más de 450 mil muertos que ha dejado la enfermedad en México. En Orizaba, el alcalde Juan Manuel Diez Francos no se anduvo por las ramas después de seis mil 312 casos confirmados y más de 400 defunciones, logró la aprobación del Cabildo para imponer multas de 865 pesos a quien no se coloque cubrebocas en todos los espacios públicos, vigente del 15 de enero al 15 de febrero, pero la medida podría ampliarse; y, en el puerto jarocho, con el más alto registro de contagios confirmados, de 24 mil 611 casos, y 2 mil 325 muertes por esta causa, la alcaldesa Patricia Lobeira Rodríguez anunció la obligatoriedad del uso de mascarillas en calles, transporte público, mercados, bares y otros espacios, como parte de las medidas de prevención de infecciones; en un inicio, solamente habrá amonestaciones verbales a los infractores, pero si es necesario aplicarán multas, y, probablemente, hasta arrestos. En ese sentido se planteó en la pasada Legislatura una iniciativa de ley para sancionar a quienes se nagaran usar cubrebocas. El diputado Jorge Moreno Salinas advirtió que la necesidad de hacerlo, en vista de la emergencia sanitaria. No se aprobó. Ahora, Orizaba y Veracruz son un ejemplo para el resto de los gobiernos municipales de la entidad que se niegan a admitir responsabilidad en los asuntos públicos de salud y no mueven un sólo dedo frente al problema que se presenta, y están convertidos en simples espectadores; si acaso, sólo otorgan facilidades y apoyo a las autoridades de Bienestar, Salud y Fuerzas Armadas para la vacunación. A esos ediles podría servirles una declaración mañanera hecha recientemente por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, de respaldo a esa decisión tomada por los citados, considerando que el Covid va en aumento. “Todos los niveles de gobierno deben colaborar”, señaló el mandatario, y agregó que “los ediles están en su derecho de tomar las medidas que consideren necesarias para disminuir los casos positivos de coronavirus. Es un buen signo que estén atentos (…y) tomando medidas”. Debe darse un largo aplauso a los alcaldes Diez Francos y Lobeira Rodríguez. Enhorabuena.
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