Recientemente la Cámara de Senadores aprobó el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, haciendo cambios a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el falso objetivo de controlar los delitos que se hacen a través del uso de teléfonos celulares, entre ellos la extorsión, el secuestro y el narcotráfico, además de evitar la posibilidad de que el número sea hackeado para cometer fraudes.
La nueva disposición que incluirá las cuentas de teléfono de prepago que se hace por medio de recargas o fichas de diferente costo y que de acuerdo a la cantidad le dan un determinado tiempo aire, tanto para llamadas como para internet, y las líneas de renta fija, en las que por un costo mensual se tiene mayor cantidad de tiempo al aire y mayor tiempo de internet, solicitará en un lapso de dos años (tomando en cuenta que actualmente en el país hay más de millón y medio de líneas) datos biométricos, en los que además de registrar en una base de datos el nombre, domicilio y número telefónico del usuario, se agregarán las huellas dactilares, huella del iris del ojo y registro de voz y facial, todo esto con el supuesto objetivo de saber quién y de qué teléfono se está cometiendo un delito, lo cual es burdo y francamente risible, pues no imagino a los presos, extorsionadores, secuestradores, criminales y narcotraficantes, incluidos los “halcones” proporcionando todos esos datos, cuando ellos cuentan con varios chips que intercambian en sus teléfonos para cometer sus ilícitos y no ser descubiertos.
Al menos cuantos hemos sido presas de la intensión de una extorsión bajo amenaza o de un fraude al decirle que se ganó un premio y que deben abonar una cantidad de dinero en fichas de recarga telefónica, siendo la mayoría llamadas salidas de las cárceles, donde en teoría los presos no deberían tener teléfonos celulares.
Hace algún tiempo se intentó hacer algo similar al hacer una base de datos con número telefónico, nombre y dirección del usuario, igualmente controlados por las compañías telefónicas y la Secretaría de Comunicaciones, y al tiempo esas bases de datos fueron vendidas para que diversas empresas, bancos y telefónicas le llamen directamente para ofrecerles bienes y servicios de manera repetida, así que el hacer una base de datos con tantas características resulta un peligro extremo y su finalidad es tener un control de la población, como se hace en China, y así los gobernantes saber nuestros pasos, movimientos y hasta contenido de conversaciones o mensajes en redes, sabiendo con precisión de dónde provienen y no evitar actos delictivos, pues solo un retrasado mental creería que los delincuentes y presos van a dar sus características biométricas para usar sus líneas telefónicas. Esto es una copia de lo que se hace en 17 países no democráticos y sí dictatoriales, entre ellos China, Afganistán y Venezuela, en donde se tiene un control férreo de los ciudadanos, en un ambiente de temor y castigo.
Así que no hay que permitir que se atente contra nuestra privacidad, libertad de tránsito y expresión, y que nos tengan bajo el control dictatorial.
