/ viernes 20 de julio de 2018

Para medir los riesgos de la descentralización de AMLO, hay que recordar lo sucedido con el INMECAFE

La idea expresada por el presidente electo por los mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que a partir de su llegada oficial al Palacio Nacional decretará la descentralización política y administrativa del gobierno federal, está entre lamentos de quienes no desean salir de la CDMX para continuar laborando al servicio del gobierno y aplausos de quienes ven en la descentralización de las tareas oficiales, la posibilidad de ingresar a la burocracia federal.

Y desde luego, en una tercera posición, los incondicionales de AMLO, que argumentan que el desarrollo regional en un país tan extenso como el nuestro, es primordial para equilibrar la balanza y garantizar la diversidad política y cultural, en función de la correlación de Poderes de los tres ordenes de gobierno.

Por la difusión que se ha dado en los últimos años, pero sobre todo en los últimos meses de la administración pública que concluye de los malos resultados en el combate a la corrupción, delincuencia organizada e impunidad, el clamor de los que han sufrido en carne propia o en familiares cercanos los asaltos, secuestros y desapariciones forzadas, para todos ellos la descentralización política se presenta como una tabla de salvación para su resguardo y preservar el valor fundamental de los seres humanos: la vida.

El centralismo asfixiante a que nos ha llevado el gobierno federal, acaparando facultades y atribuciones que la Constitución Federal tenía como reserva para los Estados y Municipios, pasando por encima de la Constitución, en los hechos, ha implantado un poder centralizado, que le permite a quien ocupe la Presidencia de la República, premiar y castigar a los gobernadores y alcaldes, debe terminar, dependiendo de su comportamiento sumiso o altanero, cuyo premio o castigo puede llevar a las autoridades locales, a la destitución del cargo o a la cárcel, según la gravedad de las conductas reprobatorias, calificadas por el Gran Tlatoani.

Con el nuevo gobierno que se respalda en los 30 millones de mexicanos, que le dieron su voto al candidato presidencial de Morena, con ese respaldo político que ningún expresidente de México ha tenido, sale sobrando el equilibrio de poderes que recomendaba Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu, ya que el abuso del poder, ha hecho caer a politicos inteligentes y ha vuelto locos a políticos mediocres.


La idea expresada por el presidente electo por los mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que a partir de su llegada oficial al Palacio Nacional decretará la descentralización política y administrativa del gobierno federal, está entre lamentos de quienes no desean salir de la CDMX para continuar laborando al servicio del gobierno y aplausos de quienes ven en la descentralización de las tareas oficiales, la posibilidad de ingresar a la burocracia federal.

Y desde luego, en una tercera posición, los incondicionales de AMLO, que argumentan que el desarrollo regional en un país tan extenso como el nuestro, es primordial para equilibrar la balanza y garantizar la diversidad política y cultural, en función de la correlación de Poderes de los tres ordenes de gobierno.

Por la difusión que se ha dado en los últimos años, pero sobre todo en los últimos meses de la administración pública que concluye de los malos resultados en el combate a la corrupción, delincuencia organizada e impunidad, el clamor de los que han sufrido en carne propia o en familiares cercanos los asaltos, secuestros y desapariciones forzadas, para todos ellos la descentralización política se presenta como una tabla de salvación para su resguardo y preservar el valor fundamental de los seres humanos: la vida.

El centralismo asfixiante a que nos ha llevado el gobierno federal, acaparando facultades y atribuciones que la Constitución Federal tenía como reserva para los Estados y Municipios, pasando por encima de la Constitución, en los hechos, ha implantado un poder centralizado, que le permite a quien ocupe la Presidencia de la República, premiar y castigar a los gobernadores y alcaldes, debe terminar, dependiendo de su comportamiento sumiso o altanero, cuyo premio o castigo puede llevar a las autoridades locales, a la destitución del cargo o a la cárcel, según la gravedad de las conductas reprobatorias, calificadas por el Gran Tlatoani.

Con el nuevo gobierno que se respalda en los 30 millones de mexicanos, que le dieron su voto al candidato presidencial de Morena, con ese respaldo político que ningún expresidente de México ha tenido, sale sobrando el equilibrio de poderes que recomendaba Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu, ya que el abuso del poder, ha hecho caer a politicos inteligentes y ha vuelto locos a políticos mediocres.