La resistencia al cambio brusco de la vida pública en México, a partir de la llegada de la 4T al poder, representa un reto en las estructuras de la administración pública, para lo cual nadie estaba preparado; ni el pueblo ni la nueva burocracia deseosa de un ajuste de cuentas contra todo lo que representa el pasado. La consigna anunciada por los militantes de la 4T, desde antes de su llegada al poder, fue desaparecer del presupuesto público el gasto que representaba el ejército de empleados públicos de menor rango y ocupar esos espacios por quienes apoyaron a los candidatos abanderados por Morena.
Los encargados de seleccionar a los integrantes de los equipos de trabajo de la nueva burocracia no tuvieron la acuciosidad para eliminar a muchos empleados que prestaron sus servicios en administraciones anteriores, algunos de ellos sin convicción ni afiliación partidista y otros militantes activos de los partidos políticos opositores a la 4T.
Ahora que las voces de los empresarios, de las organizaciones religiosas, de los intelectuales, de los líderes de las organizaciones sociales reclaman la cancelación de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, del Tren Maya y de la refinería de Dos Bocas, la respuesta del propio presidente López Obrador ha sido negativa, de manera contundente, porque él mismo, en sus conferencias mañaneras, ha expresado su convicción de que con esas obras el país tendrá en el aeropuerto en construcción los servicios aéreos necesarios para satisfacer la demanda de comunicación que requieren los sectores comercial, turístico y social.
Lo mismo opina el presidente del auge económico que representará en un futuro inmediato la operación del Tren Maya, con grandes beneficios económicos y turísticos para los habitantes del sureste de México. Y ni se diga de lo que para el presidente, en su proyecto de desarrollo nacional, significa la construcción de la refinería de Dos Bocas, cuyas derramas económicas son fundamentales para el país.
Sin embargo, hay otros retos como el de la confrontación con los medios de comunicación críticos al gobierno de la 4T, que en vez de superarlos se han complicado y representan “una piedra en el zapato” del señor presidente. Tiene que aplicarse el gran tlatoani en el trato menos ríspido para los periodistas, ya que el ejercicio del cargo termina en cuatro años y el periodismo crítico no tiene fecha de terminación.
