México es el único país en el mundo donde el Estado y algunas de sus instituciones conceden libertad inmediata a los capos del narco y pretenden mandar a cárceles de alta seguridad a sus científicos y académicos. La persecución que hoy enfrentan algunos de los más notables intelectuales e investigadores del país sólo se explica desde la sinrazón de la venganza personal y el falso combate a la corrupción.
Mientras la mayor parte de los países ha iniciado una frenética carrera por la ciencia y el conocimiento –que involucra por supuesto la elaboración de nuevas vacunas contra pandemias y el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación (TICs)-, el gobierno de México ha vuelto al Medioevo para llevar al cadalso a los científicos del país y ofrecer a la muchedumbre sus cabezas para ocultar sus propios pecados capitales.
Con la persecución política y judicial, el gobierno busca dos propósitos: someter a la comunidad científica e intelectual que rechaza el adoctrinamiento y pone en evidencia la perversa ignorancia del régimen morenista; y al mismo tiempo, justificar la reducción sistemática de los recursos públicos destinados a la ciencia y la investigación. Antes, el gobierno deberá demostrar que los científicos desviaron las migajas que recibieron del presupuesto.
La ciencia en México atraviesa la peor crisis de su historia. Actualmente no existe siquiera una política nacional de desarrollo e investigación científica, por lo que enfrentamos un gran rezago en innovación y desarrollo tecnológico. Y quienes pagan ese atraso social y económico son, paradójicamente, los mexicanos más pobres.
Hasta la fecha, México sólo cuenta con un Premio Nobel en Ciencias, el doctor Mario Molina (1943-2020), laureado por su teoría de la reducción de la capa de ozono desarrollada en Estados Unidos. En cambio, países europeos como Suecia o Suiza, con menos de la décima parte de nuestra población, cuentan con 32 y 26 premios Nobel respectivamente –la mayoría en ciencias exactas-, lo que explica el abismal desarrollo social y económico frente a nuestro país.
Los científicos mexicanos han enfrentado históricamente dos problemas: la falta de inversión en ciencia, y la inexistencia de una cultura científica. (“¿Qué la falta a la ciencia en México?”, Maximino Aldana, 2012). Hoy se suma el peor de todos: el prejuicio y la persecución política de la 4T.
En las últimas semanas, hemos sido testigos de cómo un total de 31 científicos y académicos fueron señalados por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilegal de atribuciones y facultades. En su solicitud de arresto, la Fiscalía reclama que sean recluidos en la cárcel de Almoloya, una prisión de máxima seguridad.
Este desvarío forma parte del expediente que la FGR envió en agosto pasado a un juez federal para solicitar las órdenes de aprehensión en contra de los científicos y académicos. La respuesta del juez federal fue contundente: no hay delito que perseguir porque la transferencia de recursos federales del Conacyt estuvo apegada a las facultades del organismo y a la Ley de Ciencia y Tecnología.
Nadie pretende que la sociedad científica del país se convierta en una clase privilegiada al amparo de los recursos públicos. Todos buscamos que la inversión que realiza el país en materia de ciencia y tecnología se destine en proyectos que generen beneficios concretos a la población. Queremos que México sea una potencia en materia del conocimiento e investigación científica.
Sin embargo, el despropósito del Presidente y la Fiscalía es tal, que el tema ha sacudido la comunidad científica, a las principales universidades del país –la UNAM entre ellas-, y a las mismísimas estructuras de Morena.
La Jefa de Gobierno de la Cdmx, Claudia Sheinbaum, y el Presidente de la Jucopo en el Senado, Ricardo Monreal, mostraron su desacuerdo por la persecución en contra los científicos. Para la primera, la acusación de delincuencia organizada es “un exceso”, mientras que Monreal mostró su solidaridad con los académicos.
Las razones son muy simples: saben que se trata de una acusación sin fundamento y que de existir, las irregulares se tendrían que sancionar desde un criterio administrativo y no desde el delirio de la delincuencia organizada y el lavado de dinero. Ambos saben que el encono y la polarización alentada por López Obrador tendrán un fuerte impacto en sus aspiraciones presidenciales.
El Presidente no pretende investigar a los científicos porque ya los juzgó desde el avieso tribunal de la mañanera. Asegura que el combate a la corrupción no puede excluir a ninguna élite, excepción por supuesto, de la que hoy gobierna al país.
Los científicos de México representan todo lo que aborrece la doctrina cuatroteísta: el conocimiento, la razón y el libre pensamiento. Esa es la verdadera razón de su persecución.
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